Por Solène Tadié
Un informe publicado por el Parlamento francés el 2 de julio no sólo ha arrojado luz sobre inquietantes casos de abusos, sino que también ha reavivado un prolongado debate nacional sobre el equilibrio entre la supervisión estatal y la libertad de educación.
El informe es el resultado de una investigación de cinco meses sobre la violencia en el sistema escolar y propone una serie de medidas para mejorar la protección de los menores. Sin embargo, su fijación en las instituciones católicas privadas con contrato estatal ha suscitado la preocupación por los posibles sesgos políticos y el futuro del pluralismo educativo en Francia.
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La investigación fue dirigida por los parlamentarios Violette Spillebout, del partido centrista Renacimiento del presidente Emmanuel Macron, y Paul Vannier, del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI).
Si bien el informe aborda formalmente todo tipo de escuelas, gran parte de su atención se centra en las instituciones católicas privadas con contrato estatal, especialmente aquellas con internado.
Una disfunción estructural
La comisión investigadora fue creada tras las revelaciones de abusos en Notre-Dame de Bétharram, un internado católico en los Pirineos Atlánticos (suroeste de Francia). El caso, que abarcó varias décadas, sirvió como catalizador para la reflexión nacional. El primer ministro François Bayrou, exministro de Educación que había enviado a sus hijos al colegio, fue llamado a declarar.
El informe cita al colegio Bétharram como un caso clave, donde sacerdotes, profesores y personal están acusados de haber cometido graves abusos físicos y sexuales entre 1957 y 2004.
Las víctimas describieron actos de “una gravedad sin precedentes, de un sadismo absoluto”. Los legisladores calificaron al colegio de "ejemplo clásico" de la disfunción estructural del Estado y su incapacidad para prevenir los abusos, advirtiendo que persisten deficiencias similares en la actualidad.
En términos más generales, el informe denuncia la violencia continua en colegios públicos y privados y cita décadas de medidas de protección insuficientes. La presidenta de la comisión, Fatiha Keloua Hachi, describió la investigación como un "análisis profundo de lo impensable", que revela el silencio sistemático y el fracaso institucional. Documenta más de 270 escuelas afectadas y al menos 80 colectivos de víctimas en todo el país.
El informe también señaló factores culturales y religiosos que podrían haber contribuido al silencio institucional en algunas escuelas, incluyendo estructuras jerárquicas rígidas y la reticencia a cuestionar la autoridad.
La comisión descubrió que los docentes sancionados en ocasiones podían haber sido reasignados discretamente. También destacó la ausencia de datos nacionales sobre casos de abuso y las discrepancias en los informes: una encuesta nacional estimó 7.000 casos de violencia sexual al año, pero solo 280 se registraron oficialmente en 2023-2024.
En definitiva, el informe concluye que el Ministerio de Educación aún carece de herramientas eficaces para identificar y abordar el abuso y exige reformas estructurales integrales.
Entre las recomendaciones más destacadas del informe está ampliar el plazo de prescripción para denunciar abusos, reforzar la protección de los denunciantes y establecer un nuevo organismo independiente de denuncia denominado "Signal Éduc". También solicita crear un fondo nacional de compensación para las víctimas.
Otras propuestas son aumentar la frecuencia de las inspecciones, en particular en los internados (anualmente en primaria y al menos cada tres años en secundaria), y levantar el secreto profesional en casos de abuso de menores de 15 años, incluso en el contexto de la confesión religiosa.
Esta última propuesta, ya incluida en el informe de la Ciase de 2021 sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica, genera preocupación en la jerarquía eclesiástica, que ha reafirmado sistemáticamente la inviolabilidad del secreto de confesión.
El informe recomienda además que las instituciones privadas con contrato estatal se sometan de forma más directa a la supervisión de la Dirección General del Ministerio de Educación y propone reevaluar el papel de la Secretaría de Educación Católica (SGEC), que supervisa más de 7200 escuelas.
Respuesta de las escuelas católicas
Philippe Delorme, secretario general de la SGEC, que fue objeto de un intenso escrutinio por parte del coponente Paul Vannier, quien cuestionó repetidamente su legitimidad y la acusó de obstruir la supervisión, respondió con cautela al informe.
Reconoció la utilidad del informe para sacar a la luz los abusos y fomentar la vigilancia, pero expresó su preocupación por lo que considera intentos de erosionar la misión distintiva de la educación católica.
“La vida escolar en nuestros establecimientos no pretende ser exactamente igual que en las escuelas públicas, ya que gozamos de cierta libertad de organización”, declaró durante una audiencia el 7 de abril ante la Comisión de Asuntos Culturales y Educación.
Durante una conferencia de prensa el 19 de junio, afirmó que la SGEC ya se había comprometido a verificar los antecedentes penales de todo el personal no docente —unas 80.000 personas— mucho antes de la publicación del informe.
Además, la SGEC lanzó en mayo la campaña “Alto a la Violencia” para concientizar, mejorar las estrategias de prevención y reforzar el compromiso de las instituciones educativas católicas con la seguridad estudiantil.
El énfasis del informe sobre las escuelas católicas ha generado debate, ya que los críticos reconocen la gravedad de los abusos documentados, pero también cuestionan si este enfoque podría sugerir un fallo sistémico exclusivo de la educación católica, a pesar de que existen problemas similares en el panorama educativo en general.
En un análisis publicado en Le Figaro, la periodista especializada en educación Caroline Beyer escribió que el informe marca "una secuencia política sobre todo" con la educación católica en la mira, y cuestionó si las recomendaciones generarían cambios significativos o responderían a motivos ideológicos.
Su observación manifestó preocupaciones más amplias: si bien el informe plantea cuestiones cruciales, corre el riesgo de convertirse en una herramienta para polarizar los debates sobre el papel de las escuelas confesionales en la sociedad francesa.
Estas dudas sobre la imparcialidad del documento se han visto reforzadas por el hecho de que Vannier ya era autor, en 2024, de un informe muy crítico sobre la financiación de las escuelas católicas.
El exministro de Educación Superior, Patrick Hetzel, también acusó al parlamentario de utilizar la investigación para impulsar una agenda ideológica destinada a socavar la Ley Debré de 1959, que garantiza el apoyo estatal a las escuelas privadas con contrato. "Con él, LFI quiere reavivar la guerra escolar", declaró Hetzel a Le Figaro, en referencia a las tensiones históricas entre la educación laica y la confesional en Francia.
Aunque Violette Spillebout ha insistido en que su trabajo no se guiaba por dogmas, sino por el testimonio de las víctimas y el deseo de garantizar que ningún niño, en ningún tipo de escuela, quedara desprotegido, la percepción de una atención desproporcionada a las instituciones católicas sigue siendo un punto de controversia.
El informe se publica en medio de mayores esfuerzos del gobierno francés para ampliar el control sobre la educación. En 2021, la administración del presidente Macron recibió críticas por proponer la prohibición de la educación en casa, aparentemente para combatir la radicalización islámica. Aunque se suavizó antes de su aprobación, el proyecto de ley reflejó un cambio hacia un mayor control estatal sobre la educación.
La publicación del informe también coincidió con un renovado enfoque en la Escuela Stanislas de París, una prestigiosa institución católica investigada por presunto incumplimiento del currículo nacional de educación sexual, así como por una "deriva homofóbica y sexista", y por sus nuevos cursos de cultura cristiana.
Si bien una inspección de 2023 no confirmó una discriminación sistemática, el Ministerio de Educación ha indicado un seguimiento más estrecho.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Corresponsal en Europa del National Catholic Register. Es franco-suiza y trabajó en el L'Osservatore Romano en 2015. Tiene una licenciatura en filosofía de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino.
