Por Amira Abuzeid
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves la “One Big Beautiful Bill Act” justo a tiempo para que el presidente Donald Trump programe la firma de la controvertida ley el 4 de julio.
Tras la aprobación de la ley, el arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), emitió una declaración lamentando “el gran daño que la ley causará a muchos de los más vulnerables de la sociedad”.
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En concreto, Broglio criticó la legislación por incluir “recortes inconcebibles a la atención médica y la asistencia alimentaria, recortes fiscales que aumentan la desigualdad, disposiciones migratorias que perjudican a familias y niños, y recortes a programas que protegen la creación de Dios”.
Broglio también expresó su decepción por varios “aspectos positivos” del proyecto de ley que fueron reducidos o eliminados en la versión final aprobada este jueves. En particular, citó la reducción de los fondos federales a Planned Parenthood de 10 años a sólo uno, el debilitamiento de las disposiciones sobre la elección educativa de los padres y la eliminación de restricciones al uso de fondos federales para los llamados procedimientos médicos de “transición de género”.
Ante esta situación, Broglio afirmó que “la enseñanza de la Iglesia Católica de defender la dignidad humana y el bien común nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos y ofrecer ayuda concreta a quienes estarán en mayor necesidad, y a seguir abogando por esfuerzos legislativos que ofrezcan mejores posibilidades en el futuro para quienes lo necesitan”.
En el período previo a la aprobación de la medida en la Cámara y el Senado de Estados Unidos, la USCCB había señalado preocupaciones sobre numerosos aspectos del proyecto de ley, incluidas sus disposiciones fiscales, el aumento de la aplicación de la ley migratoria, la reducción de los programas federales de protección social y la reducción de programas de energía verde y medio ambiente.
La medida también eleva el techo de la deuda en 5 billones de dólares.
Eliminación de fondos para Planned Parenthood
Mientras tanto, tras la aprobación de la ley, Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que “la ‘One Big Beautiful Bill’ representa una victoria histórica en una prioridad crítica: detener la financiación forzada por parte de los contribuyentes de la industria del aborto”.
La ley detiene durante un año la financiación pública a través de Medicaid para proveedores de abortos como Planned Parenthood. Aunque el proyecto original proponía una suspensión de 10 años, Dannenfelser calificó la pausa de un año como “la mayor victoria provida desde la decisión Dobbs”.
“Esto salvará vidas y quitará más de 500 millones de dólares de las arcas del Gran Aborto”, continuó. “Combinado con la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada que otorga a los estados el poder de hacer lo mismo, esto representa un tremendo avance hacia el logro de un objetivo de décadas que siempre ha resultado esquivo”.
“Las mujeres están mucho mejor atendidas en los centros de salud calificados federalmente, que superan en número a las ubicaciones de Planned Parenthood 15 a 1 en todo el país y brindan atención integral y accesible a los beneficiarios de Medicaid y familias necesitadas”, afirmó Dannenfelser.
La administración busca deportar a 1 millón de personas por año
La administración Trump ahora promociona su plan para deportar a un millón de inmigrantes no autorizados por año como resultado de los más de 150.000 millones de dólares en fondos para seguridad fronteriza y esfuerzos de deportación que incluye la ley, lo que abarca la expansión de la capacidad de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en 100.000 camas, la contratación de más de 10.000 nuevos agentes de ICE y la finalización de la construcción de un muro fronterizo.
En una entrevista con CNN justo antes de la aprobación de la ley, el Arzobispo de Washington D.C., el Cardenal Robert McElroy, calificó las políticas de deportación masiva de la administración Trump como “moralmente repugnantes” e “inhumanas”.
Si bien reconoció el derecho del gobierno a deportar a quienes han sido condenados por delitos graves, dijo que el problema mayor es el fracaso del sistema político estadounidense para reformar las leyes migratorias.
McElroy dijo que la eliminación por parte de la administración de las protecciones contra arrestos en áreas sensibles como iglesias ha infundido miedo, y que algunos inmigrantes evitan asistir a servicios religiosos.
Paul Hunker, exabogado principal de ICE en Dallas y ahora abogado privado de inmigración, dijo a CNA que ha visto a la administración Trump deportar a muchas personas trabajadoras sin antecedentes penales y espera ver más de eso ahora que la ley ha sido aprobada.
“Esto es malo tanto para los deportados como para la sociedad en general”, dijo Hunker.
Tras los disturbios anti-ICE en Los Ángeles el mes pasado, el arzobispo José H. Gómez de Los Ángeles dijo: “Todos estamos de acuerdo en que no queremos inmigrantes indocumentados que sean terroristas conocidos o criminales violentos en nuestras comunidades. Pero no hay necesidad de que el gobierno lleve a cabo acciones de cumplimiento de la ley de una manera que provoque miedo y ansiedad entre los inmigrantes trabajadores y sus familias”.
Según una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac, el 64% de los votantes dice que prefiere dar a la mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos una vía hacia el estatus legal, mientras que el 31% prefiere deportar a la mayoría de los inmigrantes indocumentados en el país.
Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.
Amira Abuzeid es editora senior en Catholic News Agency.
