Ante el Tribunal Constitucional, el abogado general del Estado italiano, Antonio Palatiello, defendió la presencia del crucifijo en las escuelas públicas "por el bien del país", ante el pedido de una madre de familia que pidió su veto.
Según Palatiello, el crucifijo "es el signo” de la alianza especial entre el estado y la Iglesia y “no de una preferencia por una religión".
El abogado agregó que se trata del "signo visible de esta alianza para la promoción del hombre y el bien del país", considerando que la Iglesia es el "único actor del derecho internacional mencionado en la Constitución".