La Fundación de Abogados Cristianos ha interpuesto un procedimiento contencioso administrativo contra el Gobierno de España, a través de Patrimonio Nacional, por “incumplir su deber de conservación del Valle de los Caídos, recogido en la propia Ley de Memoria Democrática”.
La presidenta de la entidad de juristas, Polonia Castellanos, asegura que “este abandono no es casual” y que el Ejecutivo de coalición social-comunista “busca el deterioro del Valle para poder así acabar con él alegando riesgo de derrumbe”.
Esta acción judicial pretende que se obligue a Patrimonio Nacional “a reparar todas las goteras, grietas y demás desperfectos existentes tanto en la Basílica, como en la Cruz y en las diversas esculturas”, entre otras razones, porque alegan que “el estado actual del conjunto arquitectónico pone en peligro la seguridad de los visitantes”.
