Comisión del Episcopado cuestiona las propuestas legislativas del gobierno argentino

La Comisión Nacional de Justicia y Paz, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, se pronunció sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el Poder Ejecutivo, y el Proyecto de Ley enviado al Congreso, que introducen “modificaciones sustanciales” a la legislación actual.

La Comisión advirtió que en algunos casos, las propuestas son contrarias a la Constitución argentina y a tratados internacionales con jerarquía constitucional.

En cuanto al DNU 70/2023, que se titula “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”, advirtió que “modifica un conjunto de leyes oportunamente sancionadas por el Poder Legislativo” en materia económica, laboral, sistema jubilatorio, contratos y privatización de empresas del Estado Nacional, entre otras.

También alertó que mediante este decreto “se deroga la Ley de Tierras N° 26.737 que pone límites a la titularidad y posesión de privados extranjeros”, situación ya expuesta por el Equipo de Pastoral Aborigen en un comunicado anterior, “ya que puede propiciar y acentuar el avasallamiento” de los derechos adquiridos por los pueblos indígenas.

Asimismo, cuestionó la entrada en vigencia de ambas normativas, “aun cuando no se verifican los requisitos de necesidad y urgencia que configuren la situación de excepcionalidad” exigida por la Constitución Nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo ejercer facultades legislativas.

Al referirse al Proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, cuestionó que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo y anticiparon que de aprobarse, “dañaría en forma grave” a la República en su principio de división de poderes.

Asimismo, criticó la posible privatización de empresas públicas y la modificación en distintas leyes, en especial la derogación de la movilidad jubilatoria; la apertura irrestricta de exportaciones; la modificación en la legislación respecto del cuidado de los recursos naturales, el régimen electoral y el de discapacidad..

En ese marco, recordó la importancia de la construcción de consensos sociales y políticos para garantizar la democracia, al tiempo que destacaron la importancia de la igualdad ciudadana, “para renunciar a toda forma de autoritarismo y escucharnos con humildad y esperanza, cuidando la institucionalidad y la gobernabilidad”, y llamaron al debate de las modificaciones propuestas mediante un diálogo “honesto y fecundo”.

Finalmente, la Comisión pidió que el Estado trabaje para garantizar el bien común “por encima de los intereses del mercado y de la especulación financiera”, y expresando su preocupación, se pusieron al servicio para el desarrollo de los “diálogos imprescindibles” que permitan dar el debido cauce a las propuestas del Poder Ejecutivo.