Obispos de Chile se pronuncian sobre el nuevo proyecto de Constitución

Congreso Nacional de Chile Congreso Nacional de Chile | Crédito: Congreso Nacional de Chile

La Conferencia Episcopal de Chile ha aportado su valoración de la propuesta de una nueva Constitución política, la cual se votará en plebiscito el 17 de diciembre.

Mediante una extensa carta fechada el 16 de noviembre, llaman a los ciudadanos a participar en la consulta, destacando la importancia de un discernimiento desde los valores fundamentales de la verdad, la libertad, la justicia, la paz y la caridad.

El documento surge de lo dialogado por los obispos en su 128ª Asamblea Plenaria y pone el foco en el valor de la democracia y la necesidad de una participación informada de todos en el proceso constitucional. 

Los pastores abogan por superar la crisis política y social a través del diálogo, acuerdos y renuncias legítimas para lograr el bien común.

Aunque reconocen que “un texto constitucional no resolverá de inmediato las dificultades” que hoy padecen, anhelan una disposición a avanzar juntos y a afrontar los desafíos sociales y políticos más urgentes superando las diferencias.

En pos de iluminar el discernimiento de los ciudadanos, los prelados ofrecen en el documentos algunos “principios esenciales” de la Doctrina Social de la Iglesia: “El respeto de la dignidad de la persona humana, la primacía del bien común, la subsidiariedad y la solidaridad” y valores como “la verdad, la libertad, la justicia, la paz y la caridad”.

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Los obispos aclaran también que no identifican “objeciones éticas determinantes” en el proyecto constitucional.

Además, valoraron la propuesta en cuanto a su tratamiento de la vida, la familia, la educación y la libertad religiosa.

En ese sentido, destacan que el proyecto “protege la vida de quien está por nacer”, reconociendo a la persona humana desde su concepción.

En cuanto a la educación, resaltan el carácter mixto que plantea, “siguiendo criterios de razonabilidad y sin discriminaciones arbitrarias, todo lo cual fortalece el principio de la libertad de enseñanza”, sin “que el Estado renuncie a las funciones que le son propias”.

En cuanto a la libertad religiosa, el Episcopado afirma que las normas que establece la propuesta “son un aporte a la vigencia de este derecho fundamental”.

En su mensaje, también hacen referencia a los derechos sociales, “un aspecto fundamental para el país y también para la vivencia de la fe cristiana”.

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En esa línea, destacan la importancia que tienen para la Iglesia los principios de la solidaridad y la subsidiariedad, que aparecen en el proyecto, y explican, recogiendo unas palabras del Papa Francisco, que el desarrollo “no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos”. 

“El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto del medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos”, añaden citando la encíclica Fratelli tutti.

En el proyecto de Constitución, resaltan los prelados, aspectos como la salud y la seguridad social se abordan desde la libertad individual y el principio de la solidaridad.

Hacia el final de su mensaje, los pastores de Chile expresan el desafío de la sociedad de mejorar la política como un servicio al prójimo y la necesidad de recuperar valores democráticos fundamentales.

Finalmente, convocan a cuidar y amar a la Patria, dejando de lado individualismos para trabajar “al servicio de los demás, especialmente los más abandonados de nuestra sociedad”.

Luego de que la voluntad pública rechazara en las urnas la anterior propuesta de reforma constitucional presentada en 2022, que abría las puertas al aborto y a la eutanasia, los partidos políticos de Chile firmaron en diciembre un acuerdo para el inicio de un nuevo proceso constituyente.

La propuesta elaborada durante 2023 es más moderada que la anterior, y con su aprobación dejaría atrás la Constitución de 1980.

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