El proyecto dice que el aborto se debe realizar en un plazo máximo de 10 días y el personal de salud debe "garantizar las condiciones mínimas y derechos" en la atención del aborto y el periodo postaborto.
En ese sentido exige que se proporcione información sobre los distintos métodos abortivos, los alcances y consecuencias de la práctica y los derechos de la mujer "a lo largo de todo el proceso de atención, incluso si no hay una solicitud explícita".
En cuanto a la objeción de conciencia institucional, el proyecto señala que el profesional de salud que objeta, debe "prever y disponer la derivación a un efector que realice" el aborto.
Una ley llena de críticas y sin mayoría entre la población
En agosto de 2018 un proyecto para despenalizar el aborto fue rechazado en el Senado argentino por 38 votos contra, 31 a favor, dos abstenciones y una ausencia.
Sin embargo, en un nuevo intento del lobby abortista y como parte de las promesas electorales de Fernández, el 1 de diciembre comenzó a tramitarse en forma exprés un nuevo proyecto de legalización del aborto ingresado desde el Poder Ejecutivo.
Este fue aprobado el 11 de diciembre por la Cámara de Diputados y recibió el dictamen favorable de las comisiones del Senado el 17 de diciembre.
En ese complejo escenario, la marea celeste realizó multitudinarias marchas en todo el país, se convocó a jornadas de oración y ayuno, e incluso diversas encuestas arrojaron que una amplia mayoría en el país está en contra del aborto porque no es una prioridad para Argentina.
Una encuesta de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), realizada entre el 20 y 24 de diciembre, reveló que el 93% de argentinos está en contra del proyecto de legalización del aborto y que el 92% piensa que no es tema de urgencia en la salud pública.