Sancionan a filial española de Planned Parenthood por financiación ilegal

La Federación de Planificación Familiar de España, filial de la International Planned Parenthood Federation (IPPF), ha sido sancionada por el gobierno de la Comunidad de Madrid después de que se demostrara que se financiaba de manera ilegal a través de publicidad de medicamentos con prescripción médica en sus revistas, un tipo de publicidad que no está permitida en España.

La organización española Abogados Cristianos ha solicitado además que a la multinacional abortista se le retiren las subvenciones públicas que reciben, y que en el año 2013 alcanzaron los 350 mil euros.

IPPF tiene filiales en casi todos los países del mundo. En Estados Unidos, la Planned Parenthood Federation of America ha sido acusada de traficar con órganos de bebés abortados en sus instalaciones, es investigada por el Congreso de ese país y varios estados le han retirado su financiamiento.

En España, IPPF se llama Federación de Planificación Familiar y se ha demostrado que llevaban financiándose con anuncios ilegales por más de 7 años.

En España está prohibido hacer publicidad directa de fármacos que requieren prescripción médica, sea cual sea el tipo de medicamento. A no ser que sea una revista dirigida específicamente a médicos y farmacéuticos, "que no era el caso de las publicaciones", apunta a ACI Prensa, Polonia Castellanos, portavoz de Abogados Cristianos.

Las publicaciones de la Federación de Planificación Familiar incluían anuncios de medicamentos que requieren prescripción médica, entre ellos píldoras abortivas.

El delito se ha cometido durante siete años, en cuatro publicaciones nacionales, en un total de más de 30 revistas.

Abogados Cristianos denunció el caso el pasado agosto ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En poco más de un mes, el pasado 14 de octubre, les notificaron que "se había resuelto sancionar a esta delegación por haberse estado financiando con publicidad ilegal".

Aunque Castellanos desconoce el importe de la sanción, esperan que "sea alta". Pero sobre todo pretenden pedir "que se les retiren las subvenciones que reciben de dinero público. Ya que en el año 2013 recibieron más de 350 mil euros en subvenciones de fondos públicos".

"Esperamos sobre todo que sirva para que se vea que todo este negocio del aborto incumple reiteradamente la legalidad", ha apuntado a ACI Prensa Castellanos, quien también ha destacado que "más que la cantidad de la sanción, lo que importa es que se les retiren las subvenciones públicas porque no se puede permitir que se les asigne de nuestros impuestos dinero para negocios que fomenten la ilegalidad de forma reiterada".

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- ACI Prensa (@aciprensa) septiembre 29, 2015