Ante las pretensiones de grupos laicistas que buscan expropiar la Catedral de Córdoba a la Diócesis local, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España precisó las razones jurídicas que garantizan la pertenencia a la Iglesia de este histórico templo.
El diario español ABC reveló que el Ministerio de Hacienda desestimó una demanda presentada por un ciudadano, demandando que la Catedral de Córdoba pase a propiedad pública y deje de ser propiedad de la iglesia.
El documento reconoce que "la Abogacía del Estado ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el año 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad, y desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaborando con la misma en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de bien de patrimonio histórico".