Los obispos católicos de Canadá condenaron el 26 de febrero los esfuerzos del Parlamento para expandir aún más el suicidio asistido a las personas que no tienen enfermedades terminales.
El proyecto de ley, conocido como Bill C-7, se presentó en el Parlamento el 23 de febrero. Además de permitir que las personas sin enfermedades terminales acaben con sus vidas, el proyecto también crea la posibilidad de que los pacientes emitan instrucciones anticipadas, autorizando su propia muerte por adelantado.
Según el lenguaje del proyecto de ley, "eliminaría el requisito de que la muerte natural de una persona sea razonablemente previsible para ser elegible para asistencia médica para la muerte".