En ese contexto, afirmó que la legislación amenaza la libertad religiosa de los católicos. "La libertad religiosa es la libertad de mantener una creencia y, en segundo lugar, la libertad de manifestar creencia en la comunidad y en público, en privado e individualmente en el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza", señaló.
"El Gobierno amenaza la libertad religiosa al designarse a sí mismo un experto en prácticas religiosas y al intentar cambiar el sacramento de la confesión sin ofrecer ninguna mejora en la seguridad de los niños", denunció.
Finalmente, dijo que la razón por la cual es probable que estas normas sean aprobadas "no es la protección de los niños, sino la historia impactante de abuso en la Iglesia Católica".
"Tristemente, romper el secreto de confesión no evitará el abuso y no ayudará a nuestros esfuerzos continuos para mejorar la seguridad de los niños en las instituciones católicas. Instamos al primer ministro a permitir que la comunidad católica participe en esta conversación para garantizar que formemos parte de la solución", añadió.