Esta campaña de oración por el fin del aborto es la primera que se celebra bajo la amenaza de encarcelar, bajo la acusación de acosadores, a los voluntarios provida que rezan delante de los negocios del aborto y ofrecen ayuda a las madres en dificultad.
El cambio en el Código Penal entró en vigor el pasado mes de abril y establece "pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días" para quien, a juicio de las autoridades, menoscabe la libertad de las madres que se dirigen a un centro de aborto.
En concreto, el Código Penal se refiere a la persona que "para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad".
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