Cómo cambiaron en 2025 las políticas federales y estatales sobre el aborto en Estados Unidos

En junio, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anularon las directrices de la era Biden que exigían a las salas de emergencia realizar abortos cuando una mujer embarazada tuviera una emergencia potencialmente mortal (como sangrado severo, embarazo ectópico o riesgo de insuficiencia orgánica) para estabilizar su condición, incluso en estados donde el aborto está prohibido.

Otros cambios dentro de los departamentos y agencias federales incluyeron la anulación de una política del Departamento de Defensa que otorgaba licencia remunerada y gastos de viaje para abortos, y una propuesta de cambio de normativa para eliminar los abortos en las instalaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos también ha retenido los fondos de planificación familiar del Título X para Planned Parenthood. Trump también firmó una ley de gastos gubernamentales que retuvo los reembolsos de Medicaid para Planned Parenthood. Antes de estos cambios, el dinero de los impuestos federales no se gastaba directamente en abortos, pero los proveedores de servicios de aborto sí recibían fondos para otros fines.

Casi 70 clínicas de aborto de Planned Parenthood cerraron en 2025 debido a recortes de fondos.

Estos cierres se produjeron mientras la administración Trump avanzaba con cambios que afectan a los fármacos para el aborto. Aunque el gobierno anunció que revisaría la píldora abortiva, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó una nueva versión genérica de la mifepristona. Bloomberg Law informó que la revisión se ha retrasado, aunque las autoridades lo niegan.

Los resultados a nivel estatal en 2025 también han sido dispares: algunos estados incorporaron leyes provida y otros ampliaron el acceso al aborto.

En Texas, donde casi todos los abortos son ilegales, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que permite a las familias demandar a las empresas que fabrican o distribuyen píldoras abortivas químicas. Esto ocurre en un momento en que las leyes estatales relacionadas con los abortos químicos suelen ser contradictorias, y estados como Nueva York aplican "leyes escudo" que ordenan a los tribunales no cooperar con demandas de otros estados ni con cargos penales contra abortistas dentro de sus estados.

En Wyoming, los legisladores aprobaron una ley que anula un veto del gobernador que exige que las mujeres se realicen una ecografía antes de poder abortar. Sin embargo, la ley fue bloqueada por un tribunal y no está en vigor.

También hubo dos victorias legales provida para los estados en 2025.

En noviembre, la Corte Suprema de Dakota del Norte falló a favor de la prohibición casi total del aborto en el estado, después de que fuera bloqueada temporalmente por un tribunal inferior. Según la ley, la vida del no nacido está protegida en todas las etapas del embarazo en la mayoría de los casos, pero el aborto sigue siendo legal durante las primeras seis semanas en casos de violación e incesto, y durante todo el embarazo cuando la madre corre riesgo de muerte o de sufrir daños físicos graves.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en junio que una política de Carolina del Sur que retenía los fondos de Medicaid para Planned Parenthood podía seguir vigente. Este fallo también abrió la puerta a que otros estados adopten políticas similares en el futuro.

En al menos 10 estados, los legisladores promulgaron proyectos de ley para proporcionar más fondos a los centros de embarazo provida, que ofrecen alternativas al aborto para afirmar la vida para las mujeres embarazadas.

Alternativamente, algunos estados ampliaron en 2025 sus leyes de protección, que impiden que los tribunales atiendan casos penales o civiles contra abortistas presentados fuera del estado. Esto incluye nuevas leyes en California, Vermont, Massachusetts y Nueva York. Varios estados ampliaron estas leyes al permitir que las farmacias proporcionen píldoras abortivas sin indicar el nombre del médico que las recetó para evitar acciones legales fuera del estado.

Alrededor de una docena de estados ampliaron la financiación para los proveedores de abortos, como California, que destinó 140 millones de dólares a Planned Parenthood para contrarrestar los esfuerzos federales de desfinanciación. Maryland estableció un nuevo programa llamado Programa de Subvenciones para el Aborto en Salud Pública, que ofrece cobertura para abortos a través de fondos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Nuevas leyes en Colorado y Washington exigen que las salas de emergencia realicen abortos cuando el procedimiento se considere "necesario". Una ley adoptada en Illinois exige que los campus universitarios públicos proporcionen la píldora abortiva en sus farmacias.

Connecticut eliminó su política de notificación a los padres sobre el aborto, lo que significa que las menores pueden abortar sin el consentimiento de sus padres.

Hasta diciembre, 13 estados prohíben la mayoría de los abortos, cuatro estados los prohíben después de las seis semanas de gestación, dos después de las 12 semanas y uno después de las 18 semanas.

Los otros 30 estados y el Distrito de Columbia permiten el aborto hasta la semana 22 o más tarde. Nueve de estos estados permiten el aborto electivo durante los nueve meses hasta el momento del parto.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.