Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una solicitud para revocar su decisión de 2015 de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Kim Davis, funcionaria del condado de Rowan, Kentucky, desde 2015 hasta 2019, solicitó en julio a la Corte Suprema que reconsiderara el fallo de 2015 del caso Obergefell vs Hodges, que legalizó los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo a nivel nacional.
Diez años después, Davis solicitó que el tribunal volviera a revisar su caso, luego de que su negativa a expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo acaparara los titulares. Cumplió varios días de cárcel por desacato al tribunal por violar una orden judicial que la obligaba a expedir dichas licencias.
Davis fue condenada a pagar más de 360.000 dólares en concepto de daños y perjuicios y costas judiciales por violar el derecho al matrimonio de una pareja del mismo sexo. Tras el rechazo por parte de los tribunales inferiores de su alegación de que la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de culto, la protegía en este caso, apeló ante el Tribunal Supremo.
La administración Trump no se pronunció sobre el caso mientras la Corte Suprema consideraba si lo admitiría a trámite. La Corte Suprema decidió rechazar la solicitud este 10 de noviembre y no ha emitido ningún comentario al respecto.
El problema de alegar violación de la libertad religiosa es que Davis “no actuaba como una ciudadana privada ejerciendo su derecho a la religión, sino que actuaba como funcionaria pública”, dijo Thomas Jipping, investigador jurídico principal de la Fundación Heritage.