La audiencia de apelación del Cardenal Angelo Becciu, el ex sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano que fue condenado en diciembre de 2023 por malversación, fraude agravado y abuso de poder, estaba programada para comenzar el lunes.
Escuchada por un tribunal de apelación del Vaticano compuesto por seis jueces, se espera que la apelación reexamine tanto objeciones fácticas como procesales del primer juicio, incluyendo pruebas, transcripciones judiciales y todas las presentaciones de la defensa del cardenal Becciu y de la fiscalía vaticana.
Después del llamado “juicio del siglo”, que duró dos años y medio, el Cardenal Becciu, de 77 años, fue declarado culpable de mala gestión financiera y condenado a cinco años y seis meses de prisión. También se le impuso una multa de 8.000 euros y fue inhabilitado de manera permanente para ejercer cargos públicos.
La apelación del cardenal se escuchará junto con la de otros ocho acusados que también fueron juzgados, encontrados culpables y recibieron una variedad de sentencias. Cinco de esos acusados —Raffaele Mincione, Enrico Crasso, Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi y Cecilia Marogna— también recibieron penas de prisión de diversa duración.
Becciu fue el primer cardenal en ser juzgado por un tribunal vaticano y ha permanecido en libertad a la espera del resultado de su apelación. Pese a afirmar inicialmente que era elegible para votar en el cónclave de mayo, decidió retirarse “por el bien de la Iglesia” y por “obediencia” al Papa Francisco.
El tribunal vaticano dijo que la condena del cardenal se basó en “pruebas plenas e irrefutables” de que estaba invirtiendo dinero del Vaticano en una operación inmobiliaria altamente especulativa en Sloane Avenue, Londres, con “total desprecio” por las políticas del Vaticano. Dado el modo en que se estructuró y reestructuró la operación, terminó provocando al Vaticano pérdidas superiores a los 200 millones de dólares. El cardenal italiano era entonces sustituto de la Secretaría de Estado cuando esta empezó a negociar la operación inmobiliaria en 2014, utilizando fondos propios de la secretaría.