Alcalde defiende estatuas de santos en edificio público en EE.UU. y acusa a opositores de sesgo anticatólico

El alcalde está pidiendo a un juez que desestime la demanda, que fue presentada el 27 de mayo en la Corte Superior del Condado de Norfolk en Dedham.

Pero los abogados de los demandantes, que son 15 residentes de Quincy que se oponen al plan del alcalde, describieron las estatuas a principios de esta semana como “íconos con un significado religioso inconfundible”, señalando que “los santos en general, y los santos patronos en particular, son prominentes dentro de ciertas sectas del cristianismo, especialmente el catolicismo”.

Un “observador objetivo”, argumentaron los abogados de los demandantes, vería las estatuas como “instalaciones permanentes que invocarán y transmitirán, de manera continua, la preferencia de la Ciudad por la doctrina religiosa católica”.

“El efecto principal de las estatuas será promover la religión sobre la no religión, y el catolicismo sobre otras sectas y denominaciones cristianas y no cristianas”, afirma una moción presentada el lunes 4 de agosto.

Los demandantes buscan una orden judicial de la Corte Superior estatal que impida a la ciudad instalar las estatuas cuando se inaugure el edificio de seguridad pública, cuya apertura está programada para octubre de 2025.

Se ha programado una conferencia judicial en el caso para el martes 12 de agosto.

Una cuestión de la ley de Massachusetts

La disputa legal gira en torno a la Constitución de Massachusetts, no la Constitución de Estados Unidos. Los residentes que se oponen a las estatuas han apelado principalmente a la ley estatal.

Durante la época colonial y en las primeras décadas de la independencia, el gobierno de Massachusetts favorecía a la Iglesia Congregacional sobre otras denominaciones, obligando a los propietarios a mantener a su ministro congregacional local con sus impuestos a la propiedad, pertenecieran o no a la iglesia.

En 1833, la Iglesia Congregacional perdió su estatus oficial, y se declaró en una enmienda a la Constitución estatal que “nunca se establecerá por ley la subordinación de una secta o denominación a otra”.

En ocasiones, las disputas sobre ese lenguaje llegan al Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts, como podría ocurrir con el caso de las estatuas de Quincy.

Un ejemplo: en 1979, el tribunal más alto del estado confirmó la capacidad tanto del Senado estatal como de la Cámara de Representantes estatal para contratar y pagar a un capellán a tiempo parcial para cada cámara —ambos, en ese momento, sacerdotes católicos— en un caso llamado Colo v. Treasurer & Receiver General.

En ese mismo caso, el Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts adoptó para el estado la llamada prueba Lemon, tras un caso de 1971 en el que la Corte Suprema de Estados Unidos estableció tres criterios para determinar si una ley que afecta a entidades religiosas supera el examen constitucional: si tiene “un propósito legislativo secular”, si “su efecto principal o primario... ni promueve ni inhibe la religión”, y si fomenta “una excesiva implicación entre el gobierno y la religión”.

En junio de 2022, tras años de expresar escepticismo sobre la prueba Lemon, la Corte Suprema de Estados Unidos la rechazó formalmente, en un caso que involucraba oraciones realizadas por un entrenador de fútbol americano de una escuela secundaria en el estado de Washington, llamado Kennedy v. Bremerton School District.

En el caso de las estatuas de Quincy, el asesor legal de la ciudad, James Timmins, argumentó en documentos judiciales presentados el 30 de julio que, dado que la Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado la prueba Lemon, “esa prueba ya no puede regir en Massachusetts tampoco”.

Pero el Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts, que es el intérprete final de la Constitución estatal, no ha escuchado un caso sobre ese punto desde entonces.

Los abogados de los demandantes en Quincy argumentan en documentos judiciales que, dado que el tribunal más alto del estado no se ha apartado de la prueba Lemon, los tribunales estatales inferiores deben aplicarla, además de un cuarto criterio que el Tribunal Judicial Supremo estatal añadió en el caso Colo de 1979: si una “práctica impugnada” tiene “potencial político divisivo”.

Según esos criterios, los abogados de los demandantes argumentan que el juez de la Corte Superior estatal debe negar la moción de la ciudad para desestimar y emitir una orden judicial que impida la instalación de las estatuas.

Sea cual sea la decisión del juez de la Corte Superior, si el caso de Quincy llega al Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts en apelación, brindará a los jueces la oportunidad de revisar la prueba Lemon, incluyendo cómo se aplica la Constitución estatal a disputas que involucran la religión.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.