La Fundación de Abogados Cristianos ha denunciado más de 2.500 contratos para realizar abortos en la Comunidad de Madrid (España) por estar “en fraude de ley”, por un valor total de 9 millones de euros en la última década.
La entidad de juristas acusa a la administración regional española, gobernada por el Partido Popular desde hace 30 años, de “trocear contratos de cientos de miles de euros para otorgarlos como contratos menores y evitar así el concurso público”.
Así lo ha hecho constar ante el Tribunal de Cuentas, donde ha interpuesto una denuncia contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por estas supuestas adjudicaciones “a dedo”.
En total, desde 2016, La Comunidad de Madrid, que tiene la responsabilidad de gestionar las competencias en materia sanitaria, repartió más de 9 millones de euros entre siete negocios de aborto instalados en la región a través de los llamados “contratos menores”.
Esta forma legal de acuerdo con las Administraciones Públicas en España está contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público y se refiere a los contratos de obra por valor inferior a 40.000 euros y a los contratos de suministros o servicios por valor inferior a 15.000 euros.