Esta mínima modificación fue restituida por el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2023, que además eliminó el periodo de reflexión de tres días, garantizó que se realicen los homicidios prenatales en la red sanitaria pública y limitó la objeción de conciencia de los médicos, entre otras medidas.
Unos meses antes, además, se aprobó una modificación del Código Penal que pretende criminalizar como acoso la acción informativa y asistencial de los provida en las inmediaciones de los negocios de aborto.
Acciones provida y predicación de la Iglesia Católica
En estos cuarenta años han sido numerosos los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), incluso antes de que falleciera Francisco Franco, se abriera la etapa de la Transición y se aprobara una nueva Constitución para un sistema de Monarquía parlamentaria en España en el que se recogió el derecho a la vida: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
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Así, en octubre de 1974, un año antes de la muerte de Francisco Franco, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe difundió una nota en la que ya establecía que, en el debate sobre el aborto, “está en juego uno de los principios fundamentales no sólo de la moral cristiana, sino de toda ética: el del valor en sí de la vida humana y su consiguiente inviolabilidad”, lo circunscribía al contexto “de una sociedad progresivamente materializada”.
Además abordaba el debate sobre los casos de “riesgo para la vida de la madre” y de “anomalías congénitas”, recordaba a los médicos su vocación de cuidar la vida humana y enviaban un mensaje a las madres “sobre todo a las que sientan la tentación de destruir la vida que llevan en sus entrañas; les pedimos que sepan comprender la grandeza de su vocación de mujer y de madre; que sientan lo sublime de su función, que consiste en llamar a la vida y dar acogida y alimento a ese nuevo ser que Dios les ha confiado”.
Tras este pronunciamiento, llegaron otros muchos en la década de los 80, como los documentos La vida y el aborto y La despenalización del aborto, de 1983 o los que fueron publicados en 1985: ante el fallo del Tribunal Constitucional, sobre la cuestión de la conciencia moral en relación al aborto y las “actitudes morales y cristianas” ante la despenalización.
En 1986, cuando ya se empezaba a hablar del cuarto supuesto de despenalización por razones económicas, los obispos españoles señalaron en una nueva declaración que, de aprobarse, “constituiría la más dramática expresión del egoísmo humano, de la injusticia estructural y de la insolidaridad social. Los pobres no tendrían derecho a nacer”.
En 1991, la CEE publicó El aborto. Cien cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos, un compendio de la doctrina católica sobre la protección de la vida humana.
A finales de los 90 y entrando en el tercer milenio, los pronunciamientos eclesiales pusieron el foco en el aborto químico y, en concreto, sobre el uso de la píldora RU-486, que mediante la mifepristona, bloquea la progesterona, hormona esencial para la viabilidad del embarazo. Junto a este compuesto se administra otro, el misoprostol, que provoca contracciones para expulsar el embrión muerto. Esta píldora fue aprobada en 1999.