El servicio de la Iglesia Católica a los migrantes y refugiados en Estados Unidos ha sido objeto de escrutinio después de que el vicepresidente JD Vance criticara a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) en una entrevista televisada mientras la administración continúa tomando medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.
“Creo que [la USCCB] necesita mirarse un poco al espejo y reconocer que cuando reciben más de 100 millones de dólares [del gobierno federal] para ayudar a reasentar a los inmigrantes ilegales, ¿están preocupados por cuestiones humanitarias o están realmente preocupados por sus resultados finales?”, preguntó Vance retóricamente en una entrevista el 26 de enero en el programa “Face the Nation” de CBS.
Sin hacer referencia directa a Vance, la USCCB emitió una declaración ese mismo día defendiendo su asociación con el gobierno federal para el reasentamiento de refugiados, señalando que las personas a las que sirven a través del programa de reasentamiento de refugiados son “examinadas y aprobadas… por el gobierno federal mientras están fuera de los Estados Unidos”.
“En virtud de nuestros acuerdos con el gobierno, la USCCB recibe fondos para realizar este trabajo; sin embargo, estos fondos no son suficientes para cubrir el costo total de estos programas”, se lee en el comunicado. “Sin embargo, esto sigue siendo una obra de misericordia y un ministerio de la Iglesia”.
A la luz de este debate, presentamos a continuación una explicación para arrojar luz sobre los esfuerzos de la USCCB para servir a los migrantes y su asociación con el gobierno federal.