Víctimas del aborto rechazan proyectos legislativos que lo liberalizarían en España

La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) denunció la inconstitucionalidad de los proyectos de ley presentados por grupos parlamentarios verdes y de izquierda por los que buscan legalizar en España el aborto sin restricciones hasta incluso las 16 semanas de embarazo.

Las propuestas de ley admitidas a trámite fueron publicadas el viernes 23 de abril en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Allí se lee que el plazo propuesto por el grupo parlamentario de Izquierda Verde - Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya Verds (IV-IU-ICV) es de 14 semanas de embarazo y de 16 semanas el plazo planteado por el Grupo Parlamentario Mixto.

AVA denunció que estas propuestas “no buscan el bienestar de las mujeres y que muchas de las 800.000 que han vivido un aborto provocado en España se han encontrado solas, presionadas y sin apoyo económico o social para continuar el embarazo”. Además, señaló que estas iniciativas “atacan el libre ejercicio de la profesión médica” y “el derecho de la mujer a una información veraz sobre las graves consecuencias médicas del aborto”.

Según voceros de AVA, la propuesta del grupo Mixto presenta la interrupción del embarazo como un “derecho personal e íntimo” y que, por lo tanto, pretende que sea considerado un “problema específicamente moral” sobre el que “nada se le ha perdido al Derecho Penal”.

Ante ello, AVA sostuvo que “el Derecho Penal debe proteger la vida del no nacido, siendo éste un tema moral, de justicia y social, así como la vida de la madre, porque son un bien jurídico contemplado en el artículo 15 de la Constitución Española”.

Victoria Uroz, médico y portavoz de AVA, señaló el gran error de IV-IU-ICV al pedir que los centros de asistencia y asesoramiento de las mujeres sean los mismos en donde se realice el aborto.

Uroz señaló que se pretende que la información acerca de los derechos y las ayudas para la familia sea presentada en “un escrito confeccionado” pero que los profesionales médicos no “podrán asumir, en ningún caso, la función de autorizar o denegar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, a las mujeres que a ellos acudan, en demanda de sus legítimos derechos”.

“Se trata de una dictadura de los que acudan a abortar, pudiendo tratarse de un caso de amenaza familiar y que la mujer en realidad quiera seguir adelante con el embarazo”, indicó Uroz añadiendo que, además, “no se respeta en ningún caso el derecho a la vida del nasciturus, amparado por la Sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional”.