El gobierno socialista en España está proponiendo una ley que, de ser aprobada, cambiaría la categoría de "resto humano" para excluir los despojos de niños no nacidos abortados, y reducir así la presión de la opinión pública sobre las clínicas abortistas.
Actualmente, el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria considera a los restos humanos procedentes de abortos como "cadáveres": lo que exige que sean trasladados en un vehículo de un servicio funerario con las condiciones adecuadas, y con el destino general que tiene todo cadáver: el cementerio para su incineración o entierro.
El anteproyecto de ley presentado por los socialistas modificaría este reglamento para excluir del concepto de "resto humano" a los niños no nacidos de hasta 28 semanas de gestación.
