Relanzan defensa de la vida y la familia con “Declaración de Buenos Aires”

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El I Congreso Internacional por la Vida y la Familia terminó ayer en Argentina con la firma de la “Declaración de Buenos Aires”, un contundente llamado y compromiso por la defensa de los valores tradicionales sobre los que se constituye la sociedad.

Más de 300 representantes de movimientos, grupos y asociaciones de Argentina, Uruguay, Francia, Brasil, Estados Unidos, Chile, Paraguay y Perú, denuncian en el texto que “el relativismo ético y moral y el positivismo jurídico subvierten el sentido y la presencia de las verdades de orden natural, a través de leyes y proyectos inicuos sobre el control de natalidad; la legalización del aborto quirúrgico y del aborto farmacológico; la fecundación artificial y la destrucción de embriones que ésta lleva consigo; la esterilización quirúrgica; la eutanasia; la desaparición del concepto de patria potestad, sobre todo en lo que se refiere a la sexualidad de los menores, y otras iniciativas que violan la dignidad de la persona humana y de la familia”.

Asimismo, sostienen que “el orden natural también es avasallado por presiones ideológicas y políticas que pretenden legalizar ‘modelos’ aberrantes de familia” y “esta cultura de la muerte se promueve activamente desde el Estado, con una inocultable intención de derogar las leyes que protegen efectivamente a la familia y la vida del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural”.

Los firmantes reafirman que “la vida humana es inviolable e inmanipulable. Toda persona merece respeto a su integridad física, psicológica, social y espiritual, y goza de  derechos individuales a partir de que es concebida, hasta el momento de su muerte natural. Bajo ningún pretexto se deberá someter a la vida humana a manipulación, experimentación, comercialización, violencia o destrucción”.

Además, recuerdan “que la familia es una institución natural, anterior al Estado, núcleo central de la sociedad civil, comunidad natural de vida fundada sobre el matrimonio, que debe ser respetada y protegida por el Estado”.

Los líderes se comprometieron a “incrementar la impugnación pública y formal de los planes y políticas elaboradas allende nuestras fronteras” y “defender cada vida –cualquiera sea su tiempo de existencia- y el derecho a vivirla con la mayor dignidad posible, aunque ello confronte con los designios de quienes sólo pretenden de nuestras naciones espacios de reserva, con el menor número de habitantes posible, con el único y excluyente objetivo de servir a un ordenamiento moral basado en el egoísmo, el lucro y el saqueo sistematizado”.

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