Tras la legislación de la prohibición completa de las prácticas abortivas, el Centro Tomás Moro insta a que "el Ministerio de Sanidad, y los correspondientes organismos de las Comunidades Autónomas, implementen las medidas de control y supervisión de todas y cada una de las clínicas que realicen aborto, para evitar nuevos coladeros en la exterminación de la vida de inocentes".
Así como "eliminar cualquier tipo de pago, ayuda o subvención pública a las clínicas abortivas. Ningún aborto se puede practicar con dinero público, pues ello significa trasladar la responsabilidad moral a toda la sociedad española".
En ese sentido, Pérez-Roldán insiste en que "es necesario aprobar con carácter nacional y alejada de toda ideología una ley integral de protección a la familia como medida más efectiva para hacer de la sociedad española una sociedad más libre".