El presidente de la ONG Pro-Vida de Argentina, Roberto Castellano, dio a conocer que en el municipio de Bariloche de la ciudad de Río Negro, el juez Martín Lozada "dio luz verde a los médicos" para efectuarle el aborto a una joven de 17 años víctima de violencia sexual; y denunció que con estas prácticas judiciales de "eliminación de la población" se pretende "poder atender con mayor desahogo el endeudamiento externo de la Nación".
Castellanos señala que el aborto al que sometido la joven, cuyo embarazo era "producto de supuestas violaciones de su padre y de un hermano del mismo" y a la cual el Obispo de Bariloche y los voluntarios de Gravida ofrecieron su ayuda y acompañamiento, había sido "solicitado por la Asesoría Legal del Ministerio de Salud provincial a cargo de Cristina Díaz, que actúa en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación".
Pese a que "la sentencia de muerte no estaba firme, ya que la Defensora de Menores la había apelado, Lozada dio luz verde a los médicos del hospital local para que mataran al bebé, sin esperar siquiera que la Cámara de Apelaciones resolviera".