Los padres de familia de Castilla y León que hasta el momento son unos dos mil 800 han decidido acudir a los tribunales ante la negativa de la Comunidad Autónoma de no respetar su derecho a la objeción de conciencia ante la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) que empezará a dictarse en septiembre.
Ante las objeciones de conciencia, el consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Juan José Mateos, se reunió con los representantes de las 11 plataformas de padres en Valladolid y les precisó que "el Gobierno castellanoleonés va a contestar por escrito a los padres rechazando su objeción a EpC, al mismo tiempo, van a emitir instrucciones a los centros escolares indicando que los hijos de los objetores podrán salir de clase y no deberán ser amonestados ni sancionados por ello", pero Mateos también ha explicado "que no puede garantizar la titulación de los alumnos cuyos padres hayan objetado".
Marisa Pérez Toribio, de la plataforma Soria Educa en Libertad, explica entonces que "vamos a acudir a los tribunales. Es curioso que el Gobierno autonómico obligue a los padres a ir a los juzgados en lugar de defender los derechos de los ciudadanos frente al Gobierno central".