Obispos de Panamá piden diálogo ante crisis por nuevo código minero

En un comunicado dirigido a la nación panameña los miembros de la Conferencia Episcopal de este país pidieron al gobierno y a los indígenas que cese la violencia y trabajen por un diálogo que logre solucionar los conflictos ocasionados por la aprobación en el Congreso del nuevo código minero.

El Congreso panameño aprobó el 24 de febrero pasado las reformas al código minero con 42 votos a favor y 15 en contra.

Tras la aprobación legislativa del proyecto se produjeron incidentes entre policías e indígenas que protestaban en los alrededores del Congreso. Los enfrentamientos dejaron como saldo 12 heridos, 14 arrestados y numerosos afectados por gases lacrimógenos.

Ante esta situación los Obispos expresaron en el comunicado, dado a conocer el 25 de febrero, su preocupación por el conflicto que existe entre las comunidades indígenas, amplios sectores de la sociedad civil y las autoridades gubernamentales.

"La Iglesia Católica está convencida de que el medio viable para buscar una solución a este conflicto es establecer una mesa de diálogo, sin precondiciones, con transparencia y con el tiempo necesario; en ella deben participar las comunidades afectadas, especialistas en la materia y una representación de los sectores de la sociedad preocupados por las consecuencias de estas reformas, para que se analicen serenamente las ventajas y desventajas de la industria minera y se llegue a un consenso sobre lo que es mejor para el bien común de la Nación panameña"

Los Obispos pidieron a todos los involucrados a construir una cultura de paz "mediante un diálogo justo, equitativo, constructivo, en actitud de tolerancia frente a las opiniones diversas, y que se fundamente en la defensa irrenunciable de la dignidad de la persona y del bien común".

Los miembros del Episcopado recordaron las palabras de Mons. Francis Chullikatt, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, quien en un discurso del pasado 11 de febrero sostuvo que "el primer capital que hay que salvaguardar y proteger es la persona humana en su integridad: El ser humano es la fuente, el centro y el objetivo de toda la vida económica y social".

El Gobierno defiende la Ley de reformas mineras, porque según argumentan ésta permitirá las regalías por extracción de cobre, oro y plata, de 2 al 5 por ciento; penaliza la minería ilegal con multas de hasta 250 000 dólares, y sube las fianzas en las concesiones de exploración de 10 centavos de dólar por hectárea a 50 dólares.

Por su parte los indígenas buscan la derogación de la Ley de reforma porque según explican atenta contra los recursos naturales en las comarcas, además de beneficiar a las empresas extranjeras.

El 28 de febrero los indígenas que protestaban contra la reforma minera y el Gobierno suscribieron un acuerdo que puso fin a las manifestaciones y al bloqueo de vías, que realizaban los nativos desde el pasado viernes. Con la firma del documento, ambas partes analizarán la Ley a partir del 1 de marzo.