Obispos de Costa Rica: Injusto sacrificar derecho de familia por uniones homosexuales

La Conferencia Episcopal de Costa Rica dirigió un mensaje a los diputados nacionales en el que sostienen que es una injusticia sacrificar el bien común y el derecho de familia ante los grupos de presión que buscan legalizar las uniones homosexuales.

El mensaje explica que “el matrimonio no es una unión cualquiera entre personas humanas. Ha sido fundado por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza particular, de propiedades esenciales y de finalidades innegables” y esto “nos ha llevado a oponernos, reiteradamente, a los distintos proyectos que, abierta o soslayadamente, pretendan equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio heterosexual pues, la legalización de estas, deforma la percepción de los valores morales fundamentales y menoscaba la institución matrimonial, como tal”.

Los obispos advierten que “al poner la unión entre personas del mismo sexo en igualdad de condiciones jurídicas al del matrimonio o la familia, el Estado actúa arbitrariamente y entra en contradicción con sus propios deberes”.

Tras recordar que “los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y evitar, respecto a ellos, toda real discriminación”, piden distinguir entre el respeto a toda persona “y el rechazo de las prácticas homosexuales, como acto objetivamente contrario al plan de Dios para el ser humano”.

Asimismo, sostienen que a pesar de “las encuestas en las que la inmensa mayoría de los costarricenses muestran su oposición al reconocimiento legal de las uniones homosexuales o la equiparación legal de éstas al matrimonio y el acceso a los derechos propios del mismo, las organizaciones gay-lésbicas, que se perfilan como un verdadero movimiento político (lobby gay), siguen promoviendo, con el apoyo de algunos medios de comunicación, y de algunos miembros de partidos políticos, diversas iniciativas en aras del reconocimiento legal de las uniones entre homosexuales tales como el Proyecto de Ley de la Unión Civil entre personas del mismo sexo o el proyecto de ley de Sociedades de Convivencia”.

Los prelados consideran que “es falso el argumento según el cual la legalización de las uniones entre personas homosexuales sería necesaria para evitar que los convivientes, por el simple hecho de su convivencia homosexual, pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos comunes que tienen en cuanto personas y ciudadanos”.

“En realidad, como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco. Por el contrario, constituye una grave injusticia sacrificar el bien común y el derecho de la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo social”, agregan.

“Según la estrategia seguida por los grupos promotores, asesorados por el movimiento internacional que favorece esta materia, lo que hoy se solicita no es, sino, el primer paso para llegar al matrimonio y a la adopción, como, de hecho, ha sucedido en otros países”, denuncian.