El médico que tenga que valorar si una menor de 16 ó 17 años puede abortar sin informar a sus padres por riesgo de grave conflicto familiar podrá, aunque no deberá, pedir un informe a un psicólogo o trabajador social "en el caso de que tenga dudas" o porque "no le baste" con su testimonio.
Así lo ha precisado este martes la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, haciendo referencia al contenido del reglamento que desarrolla los aspectos más prácticos de la ley del aborto, un documento consensuado ya por Sanidad con Igualdad y Justicia y cuya aprobación está prevista "para antes del 5 de julio", fecha de entrada en vigor de la norma.
Dice Jiménez que la manifestación de este temor por parte de la menor tiene ya por sí misma "valor jurídico". No obstante, de albergar dudas, los médicos podrán pedir un informe sobre la joven que el psicólogo o el trabajador social diseñarán y del que la ministra ha rehusado detallar sus características, pues "son profesionales que saben hacer su trabajo".