La jueza Elisabet Castelló imputó al magnate abortista Carlos Morín y a una docena de sus colaboradores por 115 presuntos abortos ilegales practicados en las dos clínicas que posee en Barcelona.
Según informa el diario La Razón, Morín cobró entre tres mil y seis mil euros por cada aborto que practicó hasta el año 2007 sin importar que sus pacientes no cumplieran con los requisitos que establecía la antigua legislación española para el aborto, entonces permitido solo en casos de violación, malformaciones y riesgo de vida de la madre.
Además, hay indicios de que practicó abortos después de las 14 semanas de embarazo, límite establecido por la nueva Ley de Aborto que entró el vigor en julio pasado.