Lanzan campaña para impedir despenalización del aborto en Portugal

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La plataforma ciudadana española HazteOir.org ha lanzado una campaña de envío masivo de correos electrónicos para impedir la despenalización del aborto en Portugal, que será discutida en el Parlamento este 3 de marzo.

La organización inició la campaña con el envío de un mensaje a sus ocho mil activistas en el que se les propone enviar una carta a los parlamentarios portugueses para que reconsideren su postura y rechacen la ley del aborto. La petición llegará directamente al correo electrónico del Presidente de la Asamblea de la República, João Bosco Mota Amaral, y al correo oficial de todos los grupos parlamentarios de dicha institución.

En Portugal la ley permite unos supuestos restringidos en los que puede realizarse un aborto sin que sea delito. Debido a la existencia de varios juicios en el país contra mujeres que abortaron clandestinamente y sin cumplir los supuestos previstos, algunos miembros portugueses del Parlamento Europeo han iniciado una presión para proceder a la despenalización del aborto.

Los partidos Socialista, Comunista, los Verdes y Bloque de Izquierda proponen que el aborto sea a libre petición de la mujer hasta la décima semana de la concepción, sin ninguna restricción por encima de la voluntad de la madre. Dicho planteamiento ya fue rechazado en el referéndum realizado en Portugal en 1998.

Para volver a someter a la población a referéndum, es necesaria la existencia de un proyecto de ley sobre la despenalización del aborto, por lo que el próximo día 3 de marzo van a aprobarse dichas propuestas legislativas. Después será el pueblo portugués quien decida de nuevo su posición frente al aborto.

La campaña de HazteOir busca el reconocimiento de la inconstitucionalidad de dichas despenalizaciones por cuanto que la vida humana es, según el artículo 24.1 de la Constitución Portuguesa, inviolable.

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Además porque, según múltiples estudios científicos, el aborto provoca muy frecuentemente daños psíquicos y físicos a las mujeres, incluyendo la propia muerte, y la Constitución tutela en su artículo 64 la salud, incumbiendo al Estado el deber de defenderla y promoverla.

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