Un juez de Las Palmas se tomó la atribución de decidir por la Iglesia qué persona es idónea de impartir la asignatura de religión, al condenar al Obispado de Canarias a pagar más de 200 mil euros a la profesora Carmen Galayo y proponer su contratación, pese a que fue separada por tener una vida no acorde con la moral católica.
En el año 2000, las autoridades del Obispado de Canarias cesaron a Galayo por encontrarse conviviendo con una persona que no es su esposo, del que se había separado; una situación que entraba en contradicción con la moral católica que impartía a los alumnos. Las autoridades le explicaron que por ello no podía seguir enseñando religión.
Sin embargo, Galayo decidió acudir a los tribunales y el juez Francisco Trujillo Calvo condenó al Obispado a pagar más de 200 mil euros y a reponerla en el cargo, argumentando que violentó los derechos constitucionales de la maestra y de haber mantenido una supuesta actitud de "represalia, venganza, desquite o revancha" contra la profesora.