La agencia Notivida publicó un artículo abordando los datos actuales sobre la situación del aborto en Brasil, y denunció la activa participación del gobierno del presidente Luis Ignació Lula da Silva en la promoción de esta práctica.
El gobierno brasilero organizó hace pocas semanas una jornada de conferencias para promover la legalización del aborto irrestricto, en las que participaron dos organismos de la ONU, el Fondo para la Población UNFPA y la Agencia para la Mujer, UNIFEM. Entre las ponentes del evento figuró María José Rosado Nunes, defensora del llamado derecho al aborto, profesora del departamento de Ciencias Religiosas de la Pontifica Universidad Católica de San Pablo y presidente de la filial del grupo apóstata “Católicas por el Derecho a Decidir”.
Con el fin de legalizar el aborto quirúrgico este año se intentó demostrar a los legisladores que el aborto es un problema de salud pública, englobado en el derecho universal a la salud; que su práctica es un acto médico debido, y que por tanto “la criminalización del aborto es inconstitucional, como consecuencia de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Brasil”.
