Embarazadas españolas con el virus del SIDA piden ayuda para no abortar

La Asociación de Víctimas del Aborto (AVA) recogió el clamor de las pacientes con el virus del SIDA que están embarazadas y sufren la presión de agentes sanitarios para abortar, a pesar que el tratamiento retroviral ha disminuido hasta el 5 por ciento la transmisión materno-fetal de la enfermedad.

La AVA difundió el caso de una joven de 23 años de edad “que ha sufrido este año la presión médica por ser VIH positiva y querer continuar con su embarazo, tomando las medidas adecuadas de profilaxis para que su hijo no se contagiara”.

La mujer resultó en cinta “teniendo ya la infección del VIH y los médicos de cabecera y el ginecólogo del Servicio de Salud de su comunidad autónoma donde reside le presionaron para que no tuviera al niño”.

“Me dijeron que abortara porque iba a nacer el bebé con VIH seguro, que tendría malformaciones y sería un monstruo”, declaró la madre que decidió no matar a su hijo y someterse adecuadamente al tratamiento durante toda la gestación.

Su niño nació sin malformaciones y el análisis de la infección por VIH ha resultado negativo. “Estamos a la espera del contraanálisis, pero aunque tuviera el virus mi hijo, yo tengo derecho a tenerlo y a ser madre. No hay derecho a que se me haya tratado así durante los nueve meses de embarazo, mi hijo no va a ser una carga para nadie, y si está enfermo lo cuidaré yo”, señaló la mujer a la AVA.

Según la AVA, “a esta mujer le han violentado desde la Seguridad Social para hacer un acto en contra de su voluntad, sin ofrecer información objetiva médica sobre la gran eficacia de la prevención de la transmisión del SIDA”.

“Esta madre de 23 años no quería abortar y ha tenido que defender la vida de su hijo durante todo el embarazo, acabando destrozada psicológicamente”, denunció la AVA y agregó que “hay más casos como éste que están llegando a la asociación: mujeres y hombres víctimas de presión social para no tener a sus hijos”.

La asociación pidió “en nombre de las personas coaccionadas por sus médicos, jefes laborales y familias, y de las que se han visto forzadas a abortar”, la existencia “de un verdadero estado social, con apoyo efectivo económico y laboral para las parejas en dificultades que quieren seguir adelante con su embarazo”.