Por cada símbolo religioso que sea retirado de las instalaciones de un organismo financiado con dinero público, la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores pagará cinco euros.
La campaña ¨Descuelga un crucifijo por los servicios públicos¨, pretende ¨incentivar razonada y económicamente¨ el cumplimiento de la aconfesionalidad del Estado que define la Constitución. Escuelas, hospitales, cuarteles, juzgados, ayuntamientos, cientos de edificios son susceptibles de acogerse a una campaña que, con un presupuesto total de 2.500 euros, espera retirar 500 crucifijos.
"Queremos devolver los símbolos religiosos a su lugar natural, que son las iglesias, los templos o los conventos. Los crucifijos que recojamos los depositaremos en instituciones religiosas que es donde tienen que estar", explica Antonio Pérez Solís, presidente de la asociación. Según el barómetro del CIS de abril de 2014, el 26,1% de la población española se declara no creyente, agnóstica o atea.