Califican de “acto de crueldad” decreto que ordena retiro de símbolos religiosos

Califican de “acto de crueldad” decreto que ordena retiro de símbolos religiosos
Imagen referencial / Foto: Pixabay (Dominio Público)

La Mesa Interreligiosa de Rosario (Argentina) calificó de "acto de crueldad" la ordenanza que manda remover los "símbolos e imágenes religiosas de escuelas y hospitales públicos" y solicitaron al concejo municipal que la reconsidere y deje "sin efecto".

La ordenanza fue aprobada el 8 de noviembre por trece miembros del concejo municipal de Rosario bajo el argumento de "garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia".

Sin embargo, la Mesa Interreligiosa señaló que "bajo la máscara de una pretendida 'tolerancia', se esconden actos sumamente intolerantes hacia quienes no hacemos más que ejercer la libertad de manifestar nuestra religión o creencias religiosas, sin por ello pretender imponer a nadie las mismas". 

En ese sentido, advirtió que la resolución "desconoce" el derecho a "los principios de libertad religiosa y de conciencia".

"La libertad de profesar una religión o creencia religiosa es un derecho protegido que atañe en forma ordinaria a todos los habitantes de nuestro país", y "adquiere una dimensión extraordinaria para todos aquellos pacientes que transitan angustiosas horas debido a problemas de salud propios o de familiares", señaló.

En ese sentido, indicó que obstaculizar a un enfermo "la posibilidad de elevar una plegaria o de practicar un acto religioso de naturaleza espiritual, sea cual fuere la creencia que practique, constituye sin lugar a dudas un acto de crueldad".

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Por tal motivo, manifestó, la salud pública en Rosario debe "encarnar uno de los derechos insoslayables de todo ser humano: el de permitir acceder a quien lo necesita y como lo necesita: incluyendo las dimensiones físicas, psíquicas, e​spirituales​ y sociales".

Luego de citar distintas declaraciones sobre libertad religiosa y de conciencia, la Mesa Interreligiosa de Rosario insistió en que el concejo municipal "aprobó una norma claramente inconstitucional que desconoce derechos fundamentales, ignorando elementales principios legales y jurídicos previstos en los cuerpos normativos más básicos".

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