Autoridades catalanas apoyan acto abortista bajo pretexto del Día de la Mujer

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El Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF) de Cataluña, Liberto Senderos, criticó el apoyo de la Generalitat de Cataluña, así como del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona a la manifestación a favor del aborto libre y gratuito convocada para el día 8 de marzo, con el pretexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

"Aparte de tratarse de un acto de claro carácter político, y por tanto ilegal, por realizarse en vísperas de la celebración de las elecciones generales, el apoyo y la financiación de su publicidad por el tripartito demuestra una vez más el sectarismo de la Generalitat, que en lugar de proteger la vida de todos los ciudadanos, comenzando por los más débiles e indefensos - los no nacidos-, se dedica a fomentar el aborto con los impuestos de los catalanes", sostiene el IPF.

Senderos dijo que "en lugar de ayudar a las mujeres a poder tener sus hijos y prestarles una adecuada asistencia social, se dedica a promover el negocio del aborto, y ha convertido a Cataluña en un lugar a donde vienen a abortar desde el extranjero, para poder incumplir las leyes de sus respectivos países".

Además recordó que se ha dedicado a subvencionar su práctica fuera de los supuestos permitidos por el Código Penal y a hacer publicidad de algunas clínicas investigadas por la justicia, como es el caso de Ginemedex.

El IPF ha pedido la inmediata retirada de cualquier financiación pública de los abortos y de los grupos que lo defienden, la inspección de los centros donde se practican y la derogación de la actual regulación, a fin de garantizar el derecho a la vida.

También ha reclamado que exista una red de ayuda a las mujeres embarazadas para que puedan tener y mantener a sus hijos, y que se subvencione a las entidades que les prestan apoyo.

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Igualmente ha pedido la intervención de la Junta Electoral y de la Fiscalía para que se deniegue la autorización de la manifestación, por ser constitutiva de delito, recordando que la Ley Electoral castiga el hecho de realizar actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral.

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