En su comunicado, la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado denunció que "la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, excesos policiales perpetrados con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin contra los venezolanos, son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales, y están ocurriendo permanentemente, como un secreto a voces que nos clama en la conciencia".
"Esta conducta inmoral, innoble y deshonrosa es un atentado a la dignidad de la persona y viola las convenciones y tratados suscritos por la República, que hace responsable directamente a los funcionarios que las ordenan, las apliquen, las toleren o que pudiendo impedirlo, no lo hagan", prosigue.
En el caso del joven Rufo, "la desproporción en el uso de la fuerza vuelve a dejar secuelas imborrables en esta familia: un joven bachiller ahora ciego, desfigurado y sin ganas de vivir, una madre traumatizada a quien además de los derechos básicos para la vida se les niega, el de manifestar, el de quejarse, el de no estar de acuerdo con esta vida precaria a la que hemos sido sometidos por la mala gerencia pública. El silencio no es una opción ante tanto atropello", expresaron los obispos.
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