La plataforma mexicana Actívate entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 10.400 firmas exigiendo que se elabore un protocolo para garantizar la libertad religiosa y se prevengan y sancionen los ataques contra sacerdotes y laicos católicos, así como contra los templos.
La campaña pide a la CNDH que el protocolo detalle "la forma de actuar frente a actos violentos contra iglesias o sus ministros de culto".
Además, exige que se capacite a las autoridades "sobre la protección de este derecho humano" y se detallen "las medidas que se tomarán en los espacios o personas que se vieron afectadas en este derecho humano".
De acuerdo a su sitio web, la CNDH "es un organismo público autónomo del Estado mexicano", que "no depende de ninguna otra autoridad", y tiene como misión defender y promover "los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana, los tratados internacionales y las leyes".
Entre las funciones de la CNDH se encuentran "formular recomendaciones públicas", así como "elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos".
También se encuentra dentro del campo de acción de este organismo el "formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos".
Uriel Esqueda y Hugo Rico, que llegaron a la sede de la CNDH en Ciudad de México en representación de Actívate, demandaron "que se pongan las pilas las autoridades".
"Queremos que los órganos autónomos, las instituciones, el gobierno en todos sus niveles, se pongan las pilas para garantizar que cualquier ciudadano y líder religioso, de la religión que sea, pueda practicar el culto de su preferencia o ejercer su ministerio sin miedo", manifestaron, según recoge un comunicado de la plataforma.
De acuerdo a un informe del Centro Católico Multimedial (CCM), entre 1990 y 2022 fueron asesinados 63 sacerdotes en México. Uno de ellos fue el entonces Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en 1993.
Durante el actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de cifras históricas de homicidios en el país, han sido asesinados nueve sacerdotes.
El más reciente crimen fue el del sacerdote agustino Javier García Villafaña, asesinado a balazos a bordo de su automóvil en la carretera Cuitzeo-Huandacareo, en el estado mexicano de Michoacán, la tarde del lunes 22 de mayo.
Un día antes, un hombre de 80 años intentó asesinar al Arzobispo de Durango, Mons. Faustino Armendáriz, dentro de la sacristía de la Catedral, tras concluir la celebración de la Misa.
Además, diversas iglesias han sido el objetivo de robos, profanaciones y ataques en distintas partes del país.
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