La maternidad subrogada o vientre de alquiler continúa expandiéndose como un mercado global impulsado por profundas desigualdades económicas, pero el año 2025 también estuvo marcado por su condena a nivel internacional, especialmente desde organismos multilaterales, parlamentos y la Santa Sede.
Así lo afirmó Bernard García Larraín, director ejecutivo de la organización Declaración de Casablanca, durante una entrevista concedida a EWTN Noticias, en la que evaluó el cierre del 2025 y los desafíos que se presentan para el 2026 en la lucha por la abolición universal de esta práctica.
“Siempre hay que entender los vientres de alquiler como un mercado global, en el que, por las desigualdades sociales y económicas de distintos países, existe una demanda de personas con mayores recursos y una oferta de mujeres jóvenes con escasos recursos que muchas veces hacen esto por necesidad”, explicó.
García Larraín advirtió que se trata de un negocio en crecimiento, sostenido por “agencias, clínicas privadas y estudios legales que favorecen este encuentro entre la oferta y la demanda”, según indican diversos estudios de mercado.
Señales positivas en 2025
Pese a este panorama, el director de la Declaración de Casablanca destacó varios hitos que marcaron un punto de inflexión durante el año pasado. Entre ellos, subrayó especialmente el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, publicado en julio de 2025.