26 de diciembre de 2025 Donar
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Investigan a un policía por coacciones a un grupo provida que rezaba ante un abortorio 

Jóvenes rezan por el fin del aborto el día de los Santos Inocentes de 2022 en Madrid, vigilados por la Policía./ Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias penales contra un policía por un presunto delito de coacciones contra voluntarios provida que rezaban ante un abortorio, por hechos sucedidos el 28 de diciembre de 2024. 

La denuncia ante el Juzgado de Instrucción Nº 15 de Madrid contra un agente de la Policía Nacional fue presentada por la presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. 

El día de los Santos Inocentes del pasado año, un grupo de voluntarios provida acudieron a las puertas del negocio abortista Dator, que lleva desde 1985 acreditado para acabar con la vida en su etapa prenatal.  

Según detalla Abogados Cristianos en un comunicado, los provida estaban “rezando pacíficamente el rosario en la vía pública” como es habitual en esa fecha cuando el agente investigado "actuó de forma selectiva y discriminatoria, dirigiendo su intervención exclusivamente contra las personas que rezaban y portaban un rosario”. 

“Durante la actuación policial, varias personas fueron empujadas, zarandeadas, identificadas de forma indiscriminada y obligadas a cambiar de lugar, pese a que no estaban cometiendo ninguna infracción ni alterando el orden público”, sostiene la entidad de juristas.  

Por otro lado, se denuncia que "el agente no intervino frente a otras personas que realizaban pintadas y dañaban el mobiliario urbano a escasos metros del lugar”. 

Para Abogados Cristianos, "estos hechos no responden a una actuación policial legítima, sino a un intento de intimidar y coaccionar a quienes ejercen su derecho fundamental a la libertad religiosa y de expresión, con el objetivo de impedir el rezo en la vía pública, especialmente frente a centros de aborto”. 

La entidad jurídica considera que "esta actuación no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una estrategia impulsada desde el Gobierno y el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, para desmovilizar y amedrentar al movimiento provida mediante sanciones, identificaciones y presión policial”. 

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “el Gobierno y Marlaska quieren meter miedo para que no se rece en la calle, pero rezar no es delito, es un derecho fundamental. No nos vamos a doblegar y vamos a defender en los tribunales a todos los que sean perseguidos por rezar”. 

Esta investigación judicial se produce pocas semanas después de que se haya absuelto a un grupo de 21 voluntarios de 40 Días por la Vida que fueron acusados de acoso.  

La sentencia subraya que los 21 acusados de un supuesto delito de acoso “no hicieron otra cosa que ejercer su libre derecho de reunión”, en la convicción de que “en ese lugar y del modo que lo hicieron era la vía más apropiada para que el mensaje que quieren transmitir, rezar por la vida y ofrecer su ayuda, llegara directamente a sus destinatarios principales”.   

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