Además, advierte que “las víctimas/sobrevivientes no deben ser dejadas en la incertidumbre respecto a la responsabilidad de los abusadores y de quienes les permitieron o encubrieron estos abusos”.
Recalca asimismo que la creación de “entornos seguros que garanticen medidas disciplinarias tangibles y proporcionales a la gravedad del delito causado son formas esenciales de reparación para las víctimas/sobrevivientes”.
Entre sus recomendaciones, el documento propone “implementar programas de sensibilización dirigidos al clero, a los religiosos y a los fieles laicos para favorecer un proceso de sanación colectiva”.
También se enfatiza la necesidad de fortalecer las prácticas de salvaguardia, que deben “contar con sanciones significativas para los perpetradores y facilitadores de abusos”.
Evaluación constante de los avances en la gestión de abusos
La comisión propone la creación de un observatorio mundial sobre salvaguardia y derechos humanos, que permita “una evaluación eficaz de los progresos realizados por las Iglesias locales y las órdenes religiosas en cuanto a la aplicación concreta de sus políticas de salvaguardia”.
También detalla que es necesario “medir y documentar la gestión de los abusos a través de la interacción directa entre la Comisión y las Iglesias locales u otros organismos eclesiales”, complementando estos datos con información procedente de diversas fuentes para garantizar un “proceso de recopilación de información exhaustivo”.
Asimismo, se destaca la importancia de establecer un mecanismo institucional coherente para la presentación de denuncias dentro del ministerio de salvaguardia.
La comisión señala que esta herramienta permitiría cumplir con la petición del Papa Francisco de contar con “un informe fiable sobre lo que está sucediendo y lo que debe cambiar, para que las autoridades pertinentes puedan actuar”.
Cobertura de los costos médicos y psicológicos de las víctimas de abuso
En su Segundo Informe Anual sobre las Políticas y Procedimientos de Tutela en la Iglesia, la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores también subraya la necesidad de que la Iglesia asuma directamente los gastos derivados de los casos de abuso, incluidos los tratamientos médicos y psicológicos.
En esta línea, advierte que “los acuerdos financieros que no tienen en cuenta específicamente estos costos, generalmente, no son un medio efectivo de reparación para víctimas/sobrevivientes, ya que el tratamiento profesional apoya significativamente su recuperación”.
El informe reconoce además que, aunque en muchos casos estos servicios se ofrecen dentro de la propia Iglesia, algunas víctimas pueden preferir “acceder a dichos servicios fuera de la Iglesia en la que fueron abusados”, aludiendo a la importancia de respetar esa decisión y garantizar que los recursos estén disponibles también fuera del ámbito eclesial.
Indemnizaciones económicas
La comisión observa que las normas, costumbres y prácticas dentro de los sistemas jurídicos estatales varían en cuanto a la cuestión de compensar económicamente a las víctimas de abuso sexual en entornos católicos.
“En algunas jurisdicciones, es poco probable que las víctimas/sobrevivientes reciban compensación económica alguna por parte de los sistemas jurídicos estatales. En otras jurisdicciones, las indemnizaciones económicas a gran escala han obligado a las diócesis a solicitar protección jurídica en los tribunales de quiebras”, se lee en el informe.
Sin embargo, más allá de las instancias judiciales civiles, el organismo del Vaticano se cuestiona “si la Iglesia debe proporcionar voluntariamente una compensación económica que vaya más allá del pago de servicios específicos para las víctimas/sobrevivientes (médicos, terapéuticos y psicológicos)”.
El informe también recuerda que el Derecho Canónico ya contempla la posibilidad de reclamar daños, si bien reconoce que tiene “un alcance limitado”.
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