La Iglesia Católica en Uruguay advierte sobre los riesgos de aprobar la eutanasia en el país

Entre quienes suscriben a esta postura se encuentra la Doctora Agustina da Silveira, integrante del colectivo Prudencia Uruguay, al advertir que según la propia redacción del proyecto, el informe para solicitar la inyección letal por padecer “patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables” lo presenta el médico que llevará adelante la eutanasia, es decir que quien tomará la decisión también validará su propia acción, convirtiéndose así en “juez y parte”, de modo que “si hubo un error, será irreparable”, subraya la médica.

Los especialistas acuden también a la Constitución del Uruguay, que establece la importancia del derecho fundamental a la vida. En el capítulo 1 artículo 7, expone: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos”.

Otra de las fallas que se advierten en el contexto de Uruguay, es que desde agosto de 2023 existe una ley de cuidados paliativos, pero cuya aplicación sólo alcanza al 74% de las personas. Por lo tanto, legalizar la eutanasia sin garantizar el acceso a los cuidados paliativos implicaría una problemática adicional.

Si esa ley tuviera plena aplicación, observa la Doctora da Silveira, los pacientes no llegarían al estadio de sufrimiento “insoportable” que plantea el proyecto, porque “si se garantizan los cuidados paliativos no hay ningún motivo para que haya un paciente con sufrimiento insoportable”, explica.

Al abrirle la puerta a la eutanasia, el Estado deja de proteger la vida en el momento en que ésta se vuelve más frágil, lo que va en contra de la ley que rige al Colegio Médico de Uruguay.

“Es deber del médico, como profesionales de la salud, seguir los siguientes principios y valores fundamentales: respetar la vida, la dignidad, la autonomía y la libertad de cada ser humano y procurar como fin el beneficio de su salud física, psíquica y social”, expone el artículo 3 de dicha legislación.

La eutanasia “se presenta como un derecho individual, pero termina generando una categoría de personas cuyo derecho a la vida se relativiza”, afirma el Doctor en Filosofía Miguel Pastorino, que también integra el colectivo Prudencia Uruguay. 

“Aunque no se les obligue a morir, se les pone socialmente en ese lugar: el de vidas que valen menos”, alerta.

Las razones médicas

“Hoy contamos con herramientas médicas que permiten a los pacientes transitar el final de su vida sin dolor. Nadie debería morir sufriendo”, afirma la Dra. da Silveira, y enumera tres aspectos fundamentales: el derecho a rechazar tratamientos, las voluntades anticipadas y la sedación paliativa (que permite aliviar el dolor sin acelerar la muerte).

“Estamos por legalizar la eutanasia sin haber garantizado el alivio. No todos acceden a los cuidados paliativos, y para muchos es imposible elegir vivir cuando padecen un sufrimiento. Es una gran injusticia”, considera la médica.

En este punto, el Doctor Miguel Pastorino aclara: “Los Cuidados Paliativos no son una alternativa a la eutanasia, sino un derecho que debe ser asegurado con o sin eutanasia. Sin embargo, el proyecto no exige que el paciente pase por Cuidados Paliativos antes”.

Si el dolor no se acompaña adecuadamente, “¿cómo se asegura que la decisión de morir es libre? Muchas personas piden morir porque no quieren ser una carga, porque se sienten abandonadas. ¿Eso es libertad o es desesperación?”, plantea.

“La pregunta no es si ese deseo [de interrumpir la vida] existe, sino si la respuesta social a esa voluntad debe ser institucionalizar la muerte como prestación de salud”, reflexiona Pastorino.

La mirada de fe

Además de los fundamentos jurídicos y médicos, en el debate aparece también la mirada de fe, ya que “plantea una cuestión de sentido: ¿Qué hacemos como sociedad con el sufrimiento humano? ¿Respondemos acelerando la muerte o acompañamos de una manera digna y evitando el dolor?”.

La semana pasada, en una intervención de su programa radial La alegría del Evangelio, el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, manifestó: “Lo que rechazamos rotundamente es que se provoque la muerte a propósito de una persona. La vida es un don de Dios, del cual somos administradores y no dueños”.

El purpurado también señaló las múltiples razones humanas para oponerse a esta legislación. Entre ellas, el riesgo de transformar la medicina en una práctica que facilite la muerte en vez de ayudar a quienes sufren.

La Iglesia Católica en Uruguay rechaza todo “ensañamiento terapéutico” con el paciente, a la vez que “promueve los cuidados paliativos y la sedación como forma de aliviar el dolor, incluso en aquellos casos en los que el tratamiento pueda acelerar la muerte como efecto no deseado”. 

“Se trata de una diferencia esencial, porque en la sedación paliativa la intención es aliviar el sufrimiento. En la eutanasia, en cambio, el objetivo es directamente provocar la muerte”, expuso el Cardenal, al expresar su posición en contra de la “mentalidad del descarte”, que tiende a “clasificar ciertas vidas como descartables”. 

“Eso es abrir una canilla de mal”, aseguró. 

La sociedad uruguaya está a punto de legislar sobre el derecho a vivir o a no vivir. “Lo urgente, dicen muchos, no es legislar la muerte, sino garantizar una vida digna hasta el final. Una vida cuidada, acompañada, sin dolor ni soledad”, afirman desde la Arquidiócesis de Montevideo.