Durante una conferencia de prensa el 19 de junio, afirmó que la SGEC ya se había comprometido a verificar los antecedentes penales de todo el personal no docente —unas 80.000 personas— mucho antes de la publicación del informe.
Además, la SGEC lanzó en mayo la campaña “Alto a la Violencia” para concientizar, mejorar las estrategias de prevención y reforzar el compromiso de las instituciones educativas católicas con la seguridad estudiantil.
El énfasis del informe sobre las escuelas católicas ha generado debate, ya que los críticos reconocen la gravedad de los abusos documentados, pero también cuestionan si este enfoque podría sugerir un fallo sistémico exclusivo de la educación católica, a pesar de que existen problemas similares en el panorama educativo en general.
En un análisis publicado en Le Figaro, la periodista especializada en educación Caroline Beyer escribió que el informe marca "una secuencia política sobre todo" con la educación católica en la mira, y cuestionó si las recomendaciones generarían cambios significativos o responderían a motivos ideológicos.
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Su observación manifestó preocupaciones más amplias: si bien el informe plantea cuestiones cruciales, corre el riesgo de convertirse en una herramienta para polarizar los debates sobre el papel de las escuelas confesionales en la sociedad francesa.
Estas dudas sobre la imparcialidad del documento se han visto reforzadas por el hecho de que Vannier ya era autor, en 2024, de un informe muy crítico sobre la financiación de las escuelas católicas.
El exministro de Educación Superior, Patrick Hetzel, también acusó al parlamentario de utilizar la investigación para impulsar una agenda ideológica destinada a socavar la Ley Debré de 1959, que garantiza el apoyo estatal a las escuelas privadas con contrato. "Con él, LFI quiere reavivar la guerra escolar", declaró Hetzel a Le Figaro, en referencia a las tensiones históricas entre la educación laica y la confesional en Francia.
Aunque Violette Spillebout ha insistido en que su trabajo no se guiaba por dogmas, sino por el testimonio de las víctimas y el deseo de garantizar que ningún niño, en ningún tipo de escuela, quedara desprotegido, la percepción de una atención desproporcionada a las instituciones católicas sigue siendo un punto de controversia.
El informe se publica en medio de mayores esfuerzos del gobierno francés para ampliar el control sobre la educación. En 2021, la administración del presidente Macron recibió críticas por proponer la prohibición de la educación en casa, aparentemente para combatir la radicalización islámica. Aunque se suavizó antes de su aprobación, el proyecto de ley reflejó un cambio hacia un mayor control estatal sobre la educación.
La publicación del informe también coincidió con un renovado enfoque en la Escuela Stanislas de París, una prestigiosa institución católica investigada por presunto incumplimiento del currículo nacional de educación sexual, así como por una "deriva homofóbica y sexista", y por sus nuevos cursos de cultura cristiana.