La secretaria académica del Instituto CEU de Estudios de la Familia, Carmen Sánchez Maíllo analiza las consecuencias de ley que equiparó las uniones del mismo sexo al matrimonio en España hace 20 años: revertirla es “difícil, no imposible”.
El 1 de julio de 2005 el Congreso de los Diputados aprobó la norma, que fue anunciada un año antes por el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por la que el artículo 44 del Código Civil quedó redactado de la siguiente manera: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
España se convirtió entonces en el tercer país del mundo, tras Países Bajos y Bélgica, en equiparar la realidad del matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo, lo que además habilitó a las parejas homosexuales para los procesos de adopción.
Unos días antes de concluir el procedimiento legislativo, Madrid acogió una manifestación multitudinaria bajo el lema “La familia sí importa, por un padre y una madre” en la que participaron numerosos grupos cívicos y que tuvo el apoyo explícito de la Iglesia Católica.
En las calles de la capital española se pudo ver hasta una veintena de obispos españoles, entre ellos el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Cardenal Antonio María Rouco Varela.
El 30 de septiembre, el Partido Popular (PP) interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional argumentando que la ley “desnaturaliza la institución del matrimonio” y vulneraba numerosos artículos constitucionales. La resolución del recurso estuvo paralizada hasta el año 2012, cuando fue rechazado.