ode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-526318-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-MKNZDXB'); a, acerca de los cuales se sabe sin más con certeza absoluta que no pueden tener hijos. También, aunque fuera posible comprobar la imposibilidad de la fecundación en algunas parejas, esta comprobación requeriría una invasión de la vida privada políticamente inaceptable, y, además, muy costosa. Así es razonable que el Estado presuma que exista la posibilidad de tener hijos en cada pareja de hombre y mujer.

En el caso de los matrimonios entre personas mayores, la argumentación tendría sentido si y solo si esas personas no pudiesen procurar como abuelos un bien (en el que se proyecta la imagen del matrimonio) a sus nietos o a los niños en general. Como ello está lejos de poderse argumentar fuera de casos muy aislados, tampoco creemos que la objeción sea de recibo.

Aparte de la necesidad de intervenir en la vida privada para proteger a los niños, el Estado debe abstenerse de cualquier otra intervención en los ámbitos afectivos. No debe pretender certificar oficialmente todas y cada una de las amistades aprobadas o amparadas por la comunidad donde se den. La razón de esta abstención no es solamente guardar la pureza de la doctrina liberal sobre la no injerencia. La razón fundamental es la protección que el igual trato debe de brindar a cualquier unión, es decir: el principio de no discriminación.

La sanción legitimadora de la unión homosexual por el poder estatal sería injusta para todos los otros estilos de vida que también pueden aspirar a disfrutar del beneficio de la legitimación familiar y que ahora quedan fuera de la sanción estatal. Hablamos aquí no sólo de los monjes que pueden aspirar a constituir una familia monacal, sino también de las muchas y variadas combinaciones de personas y fines que puedan darse al albur de la libertad de elección. ¿Cómo podemos excluir, por ejemplo, a la poligamia u otras formas de matrimonio plural, o a las "comunas de amor libre" si vuelven a estar de moda? Incluso ¿por qué quedarnos solamente con las uniones afectivas en las que hay contacto físico aunque solo sea visual? ¿Por qué no certificar todas las amistades o uniones que la gente quiera registrar, incluso las virtuales?

En este contexto conviene que traigamos a colación con mención explícita las distintas situaciones que pueden presentarse en tiempos más o menos cercanos, dadas las razones de legitimación que ampara el principio de no discriminación consagrado en casi todos los ordenamientos jurídicos del mundo. La pregunta que nos hacemos es ¿hasta dónde podemos legitimar sin discriminar? Veamos a lo que nos referimos en el supuesto de que no nos paramos en la heteromonogamia (matrimonio de uno con una) sino que intentamos abarcar, con el propósito de no discriminar, todas las situaciones posibles que puedan darse o se dan en la vida real.

Para no discriminar tendríamos que legitimar, además de la homomonogamia (el matrimonio de uno con uno) y de la homomonogamia lésbica (de una con una), la homopoligamia (de uno con unos), la homopoligamia lésbica (de una con unas), la promiscuidad (de dos o más varones con otros dos o más), la promiscuidad lésbica (de dos o más mujeres con otras dos o más), la heteropoligamia (de uno con unas), la heteropoliandria (de una con unos), la poliandria bisexual (de una con unas y unos), la poligamia bisexual (de uno con unas y unos), y la promiscuidad bisexual limitada (de dos o más unas y unos con dos o más unas y unos). Y todo ello sin incorporar casos de uniones legitimables en las que incorporemos a humanos no adultos, a no humanos de las distintas especies, o, incluso a medio humanos (ya que las posibilidades de hibridación que nos avanza la manipulación genética son cada vez más numerosas).

También podemos, en caso de que el legislador esté interesado, incorporar en las distintas y casi infinitas combinaciones que acabamos de mencionar, los diferentes tipos de relación diacrónica de las variadas combinaciones mencionadas con respecto a la descendencia, según sea adoptada o no. Y, por último, también podemos incorporar al cuadro de posibles situaciones, la incógnita de la duración, pues siempre será conveniente para evitar discriminaciones estipular distintos marcos jurídicos para el paso de una situación a otra según el tiempo que haya durado la anterior. Ni qué decir tiene que el multifamilismo resultante daría al traste con la posibilidad de distinguir y reconocer la familia.

Hemos de decir que la apertura hacia todos estos reconocimientos es de hecho una meta perseguida por algunas personas que escriben a favor del equiparamiento entre el matrimonio de personas del mismo sexo y familia. Por ejemplo, el profesor David Chambers de la Universidad de Michigan ha escrito: "Si el derecho matrimonial puede concebirse [simplemente] como algo que facilita las oportunidades de dos personas de vivir una vida emocional que les parece satisfactoria… el derecho debe ser capaz de lograr lo mismo para unidades de más de dos… [El] efecto de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo puede consistir en volver a la sociedad más receptiva hacia la evolución del derecho en otra dirección".[1] Otra conocida estudiosa que apoya la causa de estas uniones ha dicho que: "Hay pocos límites a los tipos de matrimonio… que la gente podría querer crear… Quizá algunos se atreverían a cuestionar las limitaciones diádicas del matrimonio occidental y buscar algunos de los beneficios de la vida familiar ampliada a más personas, a través de matrimonios de grupos pequeños, arreglados para compartir recursos, cuidado y trabajo".[2]

¿Qué pasaría si siguiéramos estos consejos y proporcionáramos un mismo apoyo público a todas las formas de vida que algunas personas pueden encontrar emocionalmente satisfactorias? Por lo menos multiplicaríamos la injusticia de forzar a todos los que no estén de acuerdo con estas supuestas formas de vida familiar a subvencionarlas a través de sus impuestos. E, incluso, a promocionarlas a través de la escuela pública y de la escuela concertada.

Pero es probable también que los costos directos e indirectos llegarían al final a un punto en el que serían simplemente demasiado altos para compensar pagarlos. Hablamos no sólo de los costos económicos sino también de la calidad de vida en la sociedad civil. ¿Queremos realmente un registro oficial de amistades? Aunque no nos coaccionara el Estado a registrarnos, sino solamente ofreciera incentivos positivos, ¿no sería una intrusión demasiado grande en la vida privada?, ¿no perderíamos mucho en cuanto a la libertad y la flexibilidad en los vínculos personales?, ¿no habríamos creado una burocracia excesiva?

Por todas estas razones, creemos que rechazaríamos la tentación de extender al infinito la lista de uniones que pueden recibir el sello y apoyo de la comunidad. Pero si hemos aprobado unas uniones solamente para su bien privado emocional, y no para el bien público de los hijos, cada omisión de esta lista será atacada con razón como una discriminación. Creemos que al fin y al cabo, la comunidad se retiraría de toda la tarea de apoyo a cualquier tipo de relaciones. No se abstendría de proteger y educar a los niños, pero lo haría solamente en guarderías públicas. Dejaría de certificar y de subsidiar todo tipo de amistad, incluso el matrimonio heterosexual. Es posible que entonces desapareciera la institución jurídica del matrimonio y con ella también la familia en la que los humanos nos realizamos como tales.

Nuestras palabras finales, como resumen, son las siguientes: en el presente y futuro del debate sobre la familia lo más importante es tener muy claro qué no es familia. Sólo teniendo claro este punto podremos dar eficaz protección y amparo a los seres más amables, a las criaturas más necesitadas, a las personas mejor preparadas para el regalo y el amor. Solo en la medida en que separemos la familia de otras situaciones podremos dar a los niños, nuestros hijos, lo que nuestros mayores nos dieron a nosotros: un mundo dónde vivir, querer y morir como humanos. Esperemos que así sea y que para ello rectifiquemos algunos errores que ya han empezado a diseminarse entre nosotros.


R. Stith y J. Pérez Adán.

Notas

1) David L. Chambers, What if? The Legal Consequences of Marriage and the Legal Needs of Lesbian and Gay Male Couples, 95 MICHIGAN LAW REVIEW 447, 490-491 (1996).

2) Judith Stacey, IN THE NAME OF THE FAMILY: RETHINKING FAMILY VALUES IN THE POST-MODERN AGE, 127 (1996)

Fuente: http://www.arbil.org/

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