Frente a la pretensión de la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, de negar a los funcionarios españoles su derecho a plantear la objeción de conciencia frente a los “matrimonios” entre homosexuales, el Foro Español de la Familia (FEF) señaló que esta privación es “inadmisible en un Estado de derecho”.
El vicepresidente del foro, Benigno Blanco, advirtió que “las palabras de Fernández de la Vega suponen algo más que negar un derecho constitucional, significan la pretensión totalitaria de excluir de la función pública a todo el que no piense como ellos”.
Añadió que “con esta propuesta el Gobierno pretende que la conciencia de los ciudadanos quede sustituida por la ideología de la mayoría oficialista coyuntural, un rasgo de totalitarismo incompatible con la pertenencia a un Gobierno democrático”.