Ley de aborto condenaría a muerte a discapacitados

El líder pro-vida en Uruguay, Álvaro Fernández, señaló que el nuevo proyecto de ley que busca liberalizar el aborto a pedido en el país hasta la semana 12 del embarazo intenta acabar con discapacitados que padecen síndrome de Down o malformaciones.

En declaraciones a ACI Prensa este 8 de marzo, el también ex director de la Asociación Vivir en Familia, de Uruguay, dijo que al proyecto para despenalizar el aborto a pedido hasta las 12 semanas "ahora se ha añadido el tema de las malformaciones y el síndrome de Down que serían motivos para poder abortar según la senadora que promueve esta ley, Mónica Xavier (del partido de gobierno Frente Amplio), que es médica".

"Eso es ridículo y va totalmente en contra de los derechos humanos. Evidentemente a una persona que tiene una malformación se le está diciendo que si hubiera habido esta ley de aborto tendría que haber muerto", denunció Fernández.

El nuevo proyecto de ley para despenalizar el aborto que sería presentado al Congreso en las próximas semanas, vetado en el año 2008 por el entonces presidente Tabaré Vásquez, cuenta con el apoyo del actual presidente José Mujica del Frente Amplio, que ha dicho públicamente que no vetaría la norma de ser aprobada por los senadores.

Fernández denunció además que "el problema es cultural porque con eso se hace que la gente empiece a pensar que el aborto es algo bueno, que está bien y entonces no hay ningún problema en hacérselo".

"Es como si mañana se legalizara el homicidio, el robo y entonces la gente empieza a pensar si está bien. Si eso pasa, ¿qué sería de la sociedad?"

El líder pro-vida explicó a ACI Prensa que los que están detrás del proyecto son "los mismos de siempre: la IPPF (la trasnacional proveedora de abortos más grande del mundo), las feministas y grupos que hacen una militancia activa a favor de estas iniciativas".

Fernández señaló asimismo que la estrategia abortista ha cambiado y ahora busca sensibilizar a la sociedad a partir de la pregunta sobre si se desea que una mujer que ha abortado debe ir a la cárcel o no, sin tener en cuenta la vida del niño no nacido.

En declaraciones a Reuters, Mónica Xavier dijo que lo que pretende el proyecto que ha redactado "es legislar sobre la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo" en un país donde el aborto es un delito desde 1938, despenalizado en caso de peligro de muerte de la madre o el niño.

Parte de la oposición ya ha manifestado su rechazo al proyecto, como el senador Carlos Moreira del Partido Nacional, que dijo que su agrupación no avalará la iniciativa.

Álvaro Fernández dijo también a ACI Prensa que desde hace muchos años el Frente Amplio ha querido despenalizar el aborto, desde antes de 1984, incluso a pesar de que "el presidente Mujica reconoce que el problema demográfico es uno de los problemas más importantes sino el principal del país".

"Curiosamente –concluyó– cuando se busca aprobar alguna ley abortista siempre descubren alguna clínica de abortos o aparece el caso de alguna mujer que se muere, siempre pasan cosas así cuando se está promoviendo una ley de este tipo".