Por eso, ante el aberrante juicio de constitucionalidad que avala la inmoral reforma de ley que permite las uniones entre personas del mismo sexo –abusivamente llamado matrimonio– por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Iglesia no puede dejar de llamar mal al mal. Las uniones de facto o legaloides de personas del mismo sexo son intrínsecamente inmorales, pues contradicen el proyecto divino, desvirtúan la naturaleza del matrimonio elevado por Cristo a la dignidad de sacramento (cfr. Mt 19,3-9).
Tal actividad inmoral jamás podrá ser equivalente a la expresión sexual del amor conyugal, pues pone en peligro la dignidad y los derechos de la familia que constituyen el bien común de la sociedad. Las injusticias cometidas contra las personas homosexuales nunca serán una justificación para conceder falsos derechos que, por si fuera poco, afectarán a niños inocentes, a quienes se les negará el derecho de tener un padre y una madre para su adecuado desarrollo moral y psico-afectivo.
En mi deber, como Pastor de la Arquidiócesis Primada de México, hacer un llamado al Pueblo de Dios, a que dé muestras de bondad y misericordia hacia las personas homosexuales, teniendo claro el ejemplo del mismo Señor que no vino para condenar sino para salvar: "Él fue intransigente con el mal, pero misericordioso con las personas" (Humanae Vitae, 29). Si bien estamos llamados a ser respetuosos de las leyes civiles, tenemos el deber moral de no hacer vanos los mandamientos de Dios y evitar caer en permisivismos que lesionan los principios fundamentales de nuestra fe y el valor precioso de la familia, hoy tan atacada y banalizada como si hubiera la intención perversa de intereses oscuros por destruirla y con ello orillar a nuestro país, herido por la violencia y la descomposición social, a su ruina.