Piden acción de padres españoles ante excesos de educación sexual obligatoria

La doctora María Alonso, médico de Familia y experta en educación sexual, hizo un llamado a los padres de familia españoles para que se involucren en la educación sexual de sus hijos ante los anunciados excesos del capítulo educativo de la Ley del Aborto.

En declaraciones difundidas por Profesionales por la Ética, Alonso explica que "la imposición de los contenidos vienen definidos como obligatorios en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción voluntaria del embarazo (Ley del aborto), planteados sin excepciones para todos los colegios e institutos".

"Este tema aparece presentado desde una estrategia de salud preventiva. Se parte de la falsa idea de que el único modo de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos imprevistos y los abortos es introduciendo la idea de una enseñanza colectiva que no tendría por qué respetar las diferentes convicciones individuales de los padres", sostiene.

Alonso recuerda que en España "hemos comprobado ya la clara ineficacia de las campañas de salud sexual, basadas en la promoción del preservativo, que se han realizado repetitivamente sin lograr sus objetivos".

Para la experta, "los folletos con imágenes de sexo explícito editados para adolescentes, el material ‘Sexpresan’ de la página web del Ministerio de Educación, o el portal en internet sobre sexo para jóvenes de la Generalitat de Cataluña, con la promoción de la masturbación y sexo oral, exceden por completo los límites establecidos, siendo una de las causas del conflicto actual de los padres respecto a la educación en los dos últimos años".

"Yo recomendaría a los padres que exigiesen con antelación, de modo coordinado, los contenidos teóricos y los materiales de las clases y talleres de educación sexual, para que cada familia adopte las actuaciones oportunas, como medida acorde al principio de neutralidad ideológica del Estado y su derecho, reconocido por la Constitución, a educar a sus hijos. Esta es una recomendación clave para salvaguardar este derecho básico", indica.

Asimismo, considera que "ningún centro debería verse obligado a dar una información o educación que pueda ser contraria a los valores propios de cada familia. Esto vale para los colegios con ideario, de iniciativa social, y para los de carácter público. En una misma clase, de hecho, conviven chicos y chicas procedentes de familias con situaciones muy distintas".

"Se deben respetar las diferencias ya que no estamos hablando sólo de transmisión de conocimientos y habilidades sino de algo que afecta a la propia conducta moral sobre cómo vivir la sexualidad. Ningún centro debe verse obligado a dar información contraria a los valores de cada familia. Y ninguna familia debe aceptar una educación sexual impuesta por el Gobierno o la Comunidad Autónoma que atente contra sus convicciones y valores", concluye.