Diversas organizaciones pro-vida presentaron una denuncia penal contra los laboratorios y demás autoridades de salud que distribuyen la píldora del día siguiente en Ecuador, pese a la vigencia de una orden judicial que prohíbe su comercialización.
La demanda abarca a los representantes legales de las empresas farmacéuticas Galiafarma y Tecnofarm, por la distribución al margen de la ley de las pastillas Postinor 2 y Glanique, nombres comerciales del potencial fármaco abortivo.
Entre los demandantes se encuentran la Federación de Médicos por la Vida, Fundación Acción por la Vida, Asociación de Padres de Familia de Colegios Católicos, Confederación de Laicos Católicos y los diputados Marcelo Dotti y Pascual del Cioppo.